Debate por inversiones en "paraísos tributarios"
08.04.2016

Conforme con la ley, no hay nada irregular en los fondos offshore, en la medida que su origen sea legítimo y no hayan evadido el impuesto a la renta. 


La revelación de millones de documentos extraídos de los archivos de un estudio de abogados de Panamá, que acusa haber sido objeto de un ataque informático, ha causado revuelo mundial, pues dan cuenta que líderes políticos, empresarios o conocidas figuras del deporte, como muchas otras personas, mantenían sociedades en la nación centroamericana o en otras que habitualmente son señaladas como paraísos tributarios. Conforme con los antecedentes conocidos, habría unas doscientas sociedades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile.

El impacto del caso ha motivado que en nuestro país se hayan formulado cuestionamientos que tienen mucho de condena a priori, a personas que mantienen alguna relación con tales inversiones, coincidiendo con el ambiente de desconfianza generalizada que se vive en nuestra sociedad. Los juicios emitidos no han sido mesurados e informados, y no permiten distinguir situaciones legítimas de eventuales ilícitos. Desde luego, la existencia de los llamados “paraísos tributarios” -expresión que tiene una connotación negativa que distorsiona el análisis- no es ilegítima. Los países válidamente escogen una política tributaria, y ésta bien puede ser mantener una carga tributaria baja o nula con el fin de competir en la atracción de capitales extranjeros. De hecho, Chile no sólo utilizó con singular éxito durante 30 años un régimen tributario que aplicaba una postergación de dicha carga a las empresas mientras reinvirtieran las utilidades, sino que aprobó una legislación que pretendía que el país se transformara en “plataforma financiera”, que perseguía ser sede de los inversionistas extranjeros en la región y por la cual pasaran las rentas de inversiones en terceros países sin aplicarles impuestos, figura que -más allá de los detalles- no se diferencia en mucho de lo que hacen los llamados paraísos tributarios.

Es efectivo que las naciones que tienen bajos impuestos a la renta, fuerte secreto bancario y que no comparten información para efectos tributarios y financieros, se han prestado para recibir dineros de origen ilícito o que han quebrantado las legislaciones tributarias de los países de origen, pero no necesariamente son sinónimo de tales irregularidades. Por ello, la existencia de una inversión en una sociedad offshore puede a lo sumo considerarse un indicio que justifica una investigación, pero no una inmediata condena. Desde el punto de vista chileno, no hay nada irregular en la existencia de inversiones en tales naciones, y sólo interesa determinar si el origen de los fondos se debe a una actividad ilícita o si da cuenta de dineros que evadieron impuestos a la renta, como asimismo, siendo su origen regular, si los residentes, que por ese hecho son contribuyentes chilenos, pagan los tributos que corresponden sobre las utilidades que generan en tales inversiones.

La revelación de los antecedentes que se están conociendo puede tener origen en un acto delictivo, pero no por ello la autoridad tributaria y financiera puede desconocerlos, correspondiendo entonces que se haga una investigación, que debiera ser pronta y exhaustiva, para determinar si existen irregularidades. Y dentro de los límites que impone la ley, sería deseable conocer qué resultado han arrojado las revisiones que se lleven a cabo, porque resultaría injusto que personas que han sido expuestas públicamente pero que han actuado en conformidad a la ley, queden en tela de juicio sin fundamento y sin defensa ante la difusión de antecedentes que por sí solos nada prueban.


Fuente: La Tercera