Las agitadas aguas laborales
25.09.2017

En toda esta discusión legislativa, lamentablemente, echamos de menos las ideas que generen más puestos de empleo y que apunten a fortalecer un mercado laboral más fluido y flexible.


Parece sintomático. Por estos días los trabajadores de la Dirección del Trabajo advierten movilizaciones ante la espera sin respuestas del envío de un proyecto de ley que moderniza al organismo, especialmente ante un supuesto aumento de funciones en virtud de la Reforma Laboral en vigencia.

Es una arista más de las agitadas aguas que se mueven en el mundo laboral, debido a los múltiples efectos de la reforma iniciada en abril pasado, a la que se suman iniciativas que cambiarán de manera importante las relaciones entre empleadores y empleados en Chile.

La más reciente es la entrada en vigencia de la nueva Ley del Saco, que reduce la carga máxima que pueden manipular los trabajadores de sectores como la construcción y otros que exijan llevar peso, desde 50 kilos a sólo 25 en el caso de hombres sobre 18 años, mientras a menores y mujeres la carga máxima se reduce de 25 a 20 kilos. Se trata de un cambio operativo, pero de importantes efectos no sólo para las empresas cuyas faenas giran en torno a la manipulación de cargas, sino también para los productores de insumos para este sector, que han debido adecuar su packaging a la nueva normativa.

Hacia fines de año, en tanto, debería comenzar a regir la Ley de Inclusión Laboral, que tendrá especial impacto en las empresas de más de 100 empleados, que deberán incorporar al menos 1% de personas con algún tipo de discapacidad o beneficiarios de pensiones de invalidez. Si por razones fundadas una empresa no puede cumplir esta normativa, existen fórmulas alternativas, como la contratación de servicios de proveedores que sí incorporen a personas con discapacidad en sus nóminas.

Si bien esta legislación representa un salto importante en términos de modernizar nuestras normas por una cultura organizacional más inclusiva, también debemos reconocer que se trata de una ley que exige desde ya a las empresas comenzar a adecuar paulatinamente sus prácticas y métodos internos. Los temas que involucra son muy amplios y van desde hacer un levantamiento de los colaboradores ya contratados por la empresa en esta condición, como también determinar qué modificaciones físicas estructurales podría exigirles una eventual contratación de personal con algún tipo de discapacidad. Ello, sin contar con los aspectos culturales que esta nueva normativa involucra y de los que cada empresa deberá hacerse cargo. Así, por ejemplo, se plantean desafíos como un análisis de los puestos y posibilidades de la empresa para incorporar a personas con discapacidad, la búsqueda de una institución para guiar a las empresas en la definición de sus nuevas prácticas, mejorar accesibilidad, redefinir perfiles de cargos, entre otros desafíos.

Entre los temas de debate legislativo, además, figura un proyecto de inclusión laboral de trabajadores extranjeros, que cobra especial relevancia en el contexto actual de la migración en Chile. Esta normativa pretende reducir desde el actual 85% a sólo 50% el porcentaje de trabajadores chilenos en cada empresa. Otras dos iniciativas laborales: la que propone reducir de las 45 actuales a sólo 40 horas laborales por semana, contemplando sólo una hora para colación, la que se considerará también hora trabajada; y aquella que establece igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.

En toda esta discusión legislativa, lamentablemente, echamos de menos ideas que generen más puestos de empleo y que apunten a fortalecer un mercado laboral más fluido, como por ejemplo una flexibilización de la jornada laboral, la posibilidad de establecer con mayor elasticidad la distribución de días y horas semanales de trabajo, la elaboración de normas más claras en materia de teletrabajo, regulación de beneficios colectivos pactados con trabajadores no pertenecientes a sindicatos, entre otras ideas que podrían incentivar mayormente el empleo.

*El autor es socio Aguayo, Ecclefield & Martínez Abogados.

Por Cristián Aguayo.


Fuente: Pulso