Esta semana se cumplió más de un mes de paralización en el Registro Civil:
Funcionarios públicos ganan casi un tercio más que la media nacional, y son los mejor pagados después de la industria financiera y minería
01.11.2015

Al Estado le costaría del orden de US$ 2.200 millones complacer la demanda de reajuste salarial de 8% de los empleados públicos, dinero equivalente a 11 hospitales.  


Dos reformas previsionales como la de 2008; casi la mitad del dinero que se necesita para dar gratuidad universitaria al 50% de todos los estudiantes chilenos u 11 hospitales de alta complejidad. Esto es lo que se podría hacer con el dinero que le costaría al Estado de Chile complacer la demanda de reajuste de remuneraciones del sector público.

El jueves, la Mesa del Sector Público -integrada por catorce gremios, como los empleados de la administración central, de la salud y municipales, entre otros-, presentó al Gobierno un proyecto de reajuste de 8% nominal para el período 2015-2016, lo que tendría un costo fiscal de unos US$ 2.200 millones y constituiría la política pública más costosa para el Estado en un solo año.

El reajuste aprobado el año pasado (6%) significó para el fisco un desembolso de $2.120 millones; pero de esa suma, solo el 56,6% de los recursos se destinaron a incrementar los salarios mensuales de los funcionarios. Todo lo demás se destinó a pagar bonos y asignaciones: Bono Especial, Bono Vacaciones; Aguinaldo Fiestas Patrias; Aguinaldo Navidad; Bono Escolaridad.

Esto hace que exista una diferencia importante entre los salarios mensuales que reconocen los funcionarios y sus ingresos reales. Es así como en el conflicto del Registro Civil se generó un fuerte debate entre el sindicato movilizado y el Gobierno: mientras la presidenta de los funcionarios, Nelly Díaz, señala que su ingreso es de $650 mil mensuales, la página de Gobierno Transparente habla de $1,4 millones en septiembre y $938 mil en promedio en los últimos doce meses. Lo que ocurre es que el salario mensual líquido representa la mitad de los ingresos totales de los funcionarios, señala la economista de LyD Cecilia Cifuentes.

La proliferación de bonos es una de las razones que explican que entre 2006 y 2014 el costo fiscal anual del reajuste para los empleados públicos se haya multiplicado casi por cuatro.

Los trabajadores públicos son el tercer sector mejor remunerado de la economía chilena, solo superados por la minería y el sector financiero, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2014 (NESI), del INE (ver infografía).

El ingreso promedio de los empleados de la administración pública es de $729 mil mensuales netos -excluidos los descuentos legales e impuestos-, mientras que la media de los trabajadores del país es de $473 mil mensuales, según esa encuesta. Es decir, los funcionarios de la administración pública ganan casi un tercio más.

Más de cinco millones para un profesional del Estado

Los ingresos en el sector público muestran una alta dispersión, tanto entre los distintos grados de la escala jerárquica como entre los servicios.

Según cifras de Gobierno Transparente, en el caso de la Superintendencia de Valores y Seguros, por ejemplo, el trabajador de planta que menos gana obtiene $958 mil mensuales brutos, y el que más gana, se lleva $5,2 millones, sin considerar cargos directivos. En el Sename, en tanto, los ingresos mensuales brutos van desde un mínimo de $879 mil, que es lo que gana una secretaria, a un máximo de $3,5 millones para una educadora de párvulos; en Aduanas, la remuneración más baja es de $636 mil para un auxiliar de servicio, y la más alta es de $5,2 millones, que es lo que recibe un abogado. En la Junji, las remuneraciones van desde un mínimo de $679 mil para un auxiliar de servicio a $3,2 millones para un profesional.

Estas cifras solo consideran al personal de planta, pero en el Estado también trabaja personal a contrata y honorarios -incluyendo directivos y asesores- que pueden ganar hasta $8 millones.

Las empresas estatales -cuyos empleados no son considerados funcionarios públicos-, también pagan salarios por encima de la media de sus respectivas industrias. Mientras el ingreso neto promedio de los ocupados en el sector financiero es de $972 mil según la NESI, cada trabajador del BancoEstado le cuesta a la empresa $2,1 millones mensuales ($1,5 millones correspondiente a remuneraciones y $600 mil a beneficios). Si bien esta cifra es superior al promedio del sector, sí está en línea con los otros tres grandes bancos de la plaza, cuyo costo en personal se mueve entre $2,2 millones y $2,5 millones.

En el caso de la minería ocurre algo similar. El costo por trabajador de Codelco es cercano a $4,8 millones, muy superior a los ingresos promedio de un minero a nivel nacional ($829 mil mensuales, según la NESI). Sin embargo, si se compara con un actor similar de la industria, como BHP Billiton Chile, los costos por trabajador de la estatal están alineados con el mercado.

Creen que propuesta será entre 4,5 y 5,5%

Cercanos a la mesa del sector público temen que, en el mejor de los casos, la propuesta de reajuste que les hará el Gobierno apuntará a mantener el poder adquisitivo actual. Eso equivaldría a un reajuste de 4,5% a 5%, considerando la inflación de este año.

Las señales enviadas por Hacienda en esta línea apuntan a que el Ejecutivo no estaría dispuesto a comprar la paz con los trabajadores a costa de dañar la billetera fiscal. Valdés calificó el paro del Registro Civil de inconstitucional, y el mismo día en que la ANEF presentaba su propuesta de reajuste, partió de viaje a Nueva York para promocionar a Chile entre inversionistas extranjeros.

Una señal de que Valdés ha ido adquiriendo más poder en el Gobierno y apoyos en la Nueva Mayoría es que dos de los parlamentarios del Partido Socialista que mantienen vínculos más estrechos con el mundo sindical han evitado criticar al ministro y han apuntado sus dardos en otras direcciones. Consultado sobre la responsabilidad de Hacienda en este conflicto, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier, fue categórico. “Acá hay una mala gestión de los subsecretarios en el Ministerio de Justicia, que son los que tienen que gestionar (a los funcionarios)”, afirmó.

Incluso, Osvaldo Andrade se refirió al viaje del ministro de Hacienda a Nueva York, justo cuando los dirigentes del Registro Civil estaban pidiendo reunirse con él: “Es una petición exagerada, porque cuando el Gobierno ha dicho que es uno solo, entrar en disquisiciones es un artificio, es un error. Por lo demás, Hacienda tiene también la dificultad práctica de que está absolutamente consumida por la discusión del Presupuesto. Hay cosas que tienen sentido pedir y otras que no”, estima.

El senador de RN Andrés Allamand agrega: “En este conflicto y, sobre todo, en la actitud de la ANEF, hay un claro desafío al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdes. ¿Por qué hay tanto empeño en sentarlo a la mesa? Simplemente, para propinarle una derrota política a las puertas de las negociaciones que vienen”, afirma.

El paro de la ANEF que no fue

Aunque es el más visible, la ANEF es solo uno más de los catorce gremios que integran la Mesa del Sector Público que negocia cada año el reajuste de remuneraciones. Para tratar de aunar posiciones entre los distintos gremios, la Mesa es coordinada por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Sin embargo, rara vez esta instancia logra consensuar los intereses de los catorce gremios y, durante los últimos años, la mesa se ha quebrado en innumerables oportunidades. En 2007, por ejemplo, la ANEF acusó una posición demasiado condescendiente por parte de la CUT -entonces liderada por Arturo Martínez-, y decidió rechazar la última oferta de reajuste presentada por el Gobierno. Pese a eso, Martínez firmó el pacto con el Ejecutivo apoyado por las organizaciones más pequeñas.

Este año, la situación podría volverse a tensionar entre las distintas organizaciones. Y esta vez, la causa no sería la posición condescendiente de la CUT, sino el rol asumido por la ANEF durante el paro del Registro Civil. El lunes, el presidente de los empleados fiscales, Raúl de la Puente, acudió a solidarizar con los empleados del Registro Civil, y anunció un paro nacional de todos los empleados fiscales.

La movilización se materializaría el miércoles, pero en los hechos, prácticamente ningún servicio paralizó.

Entre los gremios se evaluó como un error y como una muestra de debilidad la escasa convocatoria a paro, justo un día antes de que la Mesa del Sector Público presentara su demanda de reajuste: “La ANEF no tenía otra opción, pero el resultado (baja convocatoria) era esperable. Lo único que no puede hacer la ANEF es mezclar los dos temas, sería impresentable, porque las aspiraciones del Registro Civil son muy específicas y muy diferentes a las del grueso de los trabajadores”, señala el dirigente de la Confusam Esteban Maturana.

¿Por qué algunos gremios rechazan que se mezclara la movilización del Registro Civil con la negociación del reajuste? Según Maturana, porque en un escenario de estrechez financiera, la solución de un conflicto específico como el del Registro Civil podría darse a costa de los recursos que deberían destinarse para el grueso de los empleados públicos. “El escenario que se abre aquí debe resolverse en estos días, no pueden mezclarse dos negociaciones”, afirma.

Otro dirigente que prefiere mantener reserva de su nombre agrega que fue un error de la ANEF llamar a un paro por solidaridad esta semana, teniendo en cuenta que los trabajadores del Registro Civil no han tenido la misma actitud durante otros conflictos. El 26 de agosto de 2010, recuerda ese dirigente, la ANEF convocó a paro en rechazo por las desvinculaciones que entonces llevaba adelante el gobierno de Sebastián Piñera, y el Registro Civil fue de los pocos que no se plegaron.

A diferencia de otras ocasiones, sectores de izquierda de la Nueva Mayoría han tomado distancia de esta movilización o, lisa y llanamente, la han rechazado. El día de la marcha por el centro de Santiago, el diputado PS Osvaldo Andrade cuestionó la legitimidad del paro: “La movilización de los trabajadores ha empezado a adquirir ribetes de ilegitimidad, entiendo que (las personas) les tiraron monedas a los dirigentes. La intervención de la ANEF en todo esto tampoco fue afortunada, porque la pregunta que yo me hago es qué viene ahora, después de un paro de 24 horas. ¿Qué debiera hacer la ANEF, dejar hasta aquí el paro y esperar, transformarlo en un paro indefinido ad portas de la presentación de su propuesta de reajuste? En vez de facilitar las cosas, terminó siendo desafortunado”, afirmó.

EL INGRESO promedio en la administración pública es de $729 mil mensuales netos.

Paro del R. Civil anticipa efectos de la huelga sin reemplazo

Tanto la amenaza de huelga en BancoEstado como la paralización del Registro Civil han caído en el peor momento para los sectores que empujan el proyecto que prohíbe el reemplazo en huelga, y ha dado argumentos a quienes se oponen a esta iniciativa. En el Ministerio del Trabajo han señalado, en reiteradas ocasiones, que la huelga sin reemplazo no debe verse como una amenaza para la viabilidad de las empresas ni para el bienestar de la comunidad, bajo el argumento de que los sindicatos tienen la suficiente madurez como para cuidar su lugar de trabajo. Pero el paro del Registro Civil relativiza ese predicamento.

“El conflicto del Registro Civil ha servido para dejar más que claro, para toda la ciudadanía, el efecto práctico de la huelga sin reemplazo que promueve el Gobierno, con el entusiasta apoyo de la CUT, el PC y el PS: los ciudadanos quedan sin defensa frente a la paralización de servicios y empresas”, afirma el integrante de la comisión de Trabajo del Senado, Andrés Allamand.

Una opinión distinta tiene el senador Juan Pablo Letelier, aunque también critica el carácter de las paralizaciones que puedan afectar gravemente a terceros: “Las excusas para decir que la reforma laboral es mala son muchas, pero los paradigmas del sector público son distintos a los del sector privado. Ahora, en el caso del BancoEstado se sentó un pésimo precedente, porque las utilidades no son del banco, son del país. Además, la amenaza era paralizar el banco que maneja la cadena de pagos del Estado, y yo creo que quien tenga las cuentas del Estado debe tener ciertas restricciones”, afirma.

Las movilizaciones que se han llevado a cabo en el sector público también permiten vislumbrar cómo sería un esquema de negociación ramal, que es una de las demandas históricas de la CUT. Los funcionarios del Estado han instalado en la práctica tres niveles de negociación: una a nivel nacional (el reajuste para todos los trabajadores de la administración central, municipales, Fuerzas Armadas y Carabineros); otra a nivel de todos los ministerios, y otra que se da por servicio.

Pablo Obregón Castro 


Fuente: El Mercurio