Ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y socio del estudio legal Bofil Escobar Abogados
Ricardo Escobar dice que la reforma laboral causará daño fiscal que aún no se dimensiona
31.07.2015

El técnico -que lideró el SII en la primera administración de Michelle Bachelet- dice que los cambios podrían elevar los salarios más allá de lo debido, lo que afectaría el monto total de lo que recolecta el fisco.  


El director del Servicio de Impuestos Internos (SII) durante la primera administración de Michelle Bachelet -y actual socio de Bofill Escobar Abogados- tiene apiladas en una mesa de su oficina las 50 circulares que emitió la entidad fiscalizadora en los últimos meses por la reforma tributaria y que suman más de mil páginas. “Aún no las termino de leer”, dice.

Escobar analiza críticamente las reformas del Gobierno y, además de la tributaria, dice estar preocupado por la laboral. Afirma que podría generar pérdida en la competitividad de las empresas y un daño en la recaudación del fisco: dineros que hoy pagan impuestos al ser utilidades de las compañías, pasarían a engrosar las plantillas de salarios de los trabajadores, con menores tasas impositivas.

¿Cómo evalúa la reforma laboral del Gobierno?

“Tiene un diseño ideológico que va a terminar chocando con la realidad. El problema es que en el lado laboral va a ser más difícil revertirlo, porque los cambios laborales se convierten en algo muy estable”.

¿A qué puede llevar eso?

“Puede llevar a abusos. (Los sindicatos) pueden extraer pagos en favor de sus representados más allá de lo que es razonable en términos del equilibrio económico, del aporte de productividad del factor trabajo frente a los demás factores de la empresa. No se debe olvidar que las normas jurídicas requieren tener una consecuencia jurídica cuando no se cumplen”.

Sanciones contra protestas radicales

¿Qué consecuencias?

“El proyecto debiera considerar sanciones. Normas que permitan efectivamente disuadir a las personas que puedan querer abusar de las facultades sindicales de violar las normas que equilibran o que buscan la protección de los bienes de la empresa o bien la prestación de servicios y de bienes esenciales a la comunidad. Esta es la realidad: uno ve que se toman puertos en pleno proceso de exportación sin que haya un proceso de negociación colectiva legal abierto, que queman buses, que agreden a las fuerzas policiales. Este tipo de actividad sindical, que está totalmente al margen de lo legal, y que probablemente es una minoría, no tiene ninguna consecuencia hoy. Si además se refuerzan los poderes que pueden tener los sindicatos, eso tiene que ir de la mano con la responsabilidad por esas mayores facultades”.

Más allá del informe financiero del proyecto que contempla gastos moderados, ¿puede haber alguna consecuencia tributaria?

“Una negociación colectiva busca normalmente mejorar las condiciones de los trabajadores, y eso es bueno. Si una parte tiene la posibilidad de obtener un beneficio más allá de lo que corresponde -porque las reglas le permiten tener una pistola que se le puede poner al frente a la otra parte, y sacarle más allá de lo razonable-, eso produce dos daños. Uno, la pérdida de competitividad de las empresas, que al final termina dañando a los propios trabajadores y al empleo. Y dos, hay un daño que es fiscal, y que no se ha mencionado. Cada vez que alguien recibe una remuneración más allá de lo que corresponde, también hay un cambio en lo que recolecta el fisco”.

¿Cómo se produce?

“Por ejemplo, una empresa está en una situación de utilidad tributaria, y supongamos que tiene una renta que está afecta a una tasa (de primera categoría) de 25%. Si como consecuencia de una negociación colectiva agresiva termina pagando una remuneración adicional a lo que sería razonable, esa remuneración produce un efecto fiscal.

La empresa, por ejemplo, pagará $100 mil de más a un trabajador en su remuneración todos los meses, por sobre lo que normalmente habría convenido o habría sido lógico. Esos $100 mil significarán un gasto para la empresa, que va a dejar de pagar $25 mil de impuesto. Y al otro lado, significan una renta para el trabajador, que va a pagar su impuesto único después de rebajadas las cotizaciones previsionales. Supongamos que esos $100 mil los recibe una persona que tenía $1 millón de remuneración antes. Eso significa que ha cambiado una tributación de 25% por una tributación de 4% (por el tramo del sueldo del trabajador). Hay $21 mil de impuestos que se dejan de cobrar por el fisco”.

“No estoy diciendo que no haya que hacer el aumento (de sueldos a los trabajadores), lo que estoy diciendo es que en el margen, este aumento se obtuvo no por una situación legítima de lo que debiera pagarse, sino porque las armas de la negociación colectiva y sindical son tan fuertes ahora, que pueden extraer más de lo que corresponde al aporte productivo del factor trabajo”.

“El proyecto debiera considerar sanciones. Normas que permitan efectivamente disuadir a las personas que puedan querer abusar de las facultades sindicales de violar las normas que equilibran o que buscan la protección de los bienes de la empresa o bien la prestación de servicios y de bienes esenciales a la comunidad”.

”El desafío de la reforma tributaria es asegurar una recaudación, necesaria para las demás reformas, pero al mismo tiempo que la economía siga funcionando y crezca”.

Reforma tributaria: si no hacen los cambios, el próximo gobierno tendrá que hacerse responsable

Hacienda inició un proceso de diálogo para posibles ajustes a la reforma tributaria. ¿Qué cambios cree que pueden salir de esta nueva etapa?

“Hay que ser bien realista en términos de los tiempos políticos. Veo gente que prácticamente está pidiendo que se haga una nueva reforma tributaria. Eso a lo mejor puede ser posible e incluso deseable, algo que se diseñe mejor, con más tiempo. Pero si se quiere hacer un cambio que considere el nuevo diseño, por ejemplo, como una condición para la evaluación de la Ley de Presupuestos del próximo año, ese cambio habría que hacerlo entre ahora y el 18 de septiembre.

Obviamente eso no admite un proyecto complejo, tendría que ser una reforma extremadamente sencilla, donde se elimine algo y se deje otra cosa. No hay tiempo de diseñar algo que sea coherente, bien pensado y, además, que tenga una enorme ingeniería de detalles. Por lo tanto, una decisión que tendrán que resolver es qué es lo que se requiere, porque puede haber una reforma mínima en este minuto y habrá tiempo para una reforma mayor en otro momento, si es que se requiere. Ese trabajo no es posible hacerlo en dos o tres semanas. El año pasado, obligaron al equipo técnico a escribir la reforma tributaria en tres semanas, después de un acuerdo político. El resultado lo estamos pagando ahora, con esa cantidad de circulares y una nueva reforma”.

Considerando un escenario con miras a 2018, cuando entra en pleno régimen, ¿hay tiempo de hacer cambios profundos?

“Los temas más serios y más graves que tiene esta reforma, tienen incidencia fundamentalmente desde 2017 en adelante. Por lo tanto, si existe la voluntad política, se puede hacer. El desafío acá es asegurar una recaudación, necesaria para las demás reformas, pero, al mismo tiempo, que la economía siga funcionando y crezca. Si eso requiere más tiempo y diseñar una reforma mejor, eso es lo que hay que hacer. Y si no lo hacen, lo que va a ocurrir es que los próximos programas de los candidatos a la Presidencia serán los que tendrán que hacerse responsables de eso, porque cualquier próximo gobierno responsablemente va a tener que abordar el tema”.

¿Cuál es la urgencia de plazos?

“No hay una urgencia de cambios en el corto plazo. No hay nada demasiado grave que resolver en los próximos cuatro o cinco meses. El problema es que en el medio está la Ley de Presupuestos, y el tiempo legislativo, tanto del Gobierno como del Congreso para atender un cambio a la reforma tributaria, no va a estar disponible entre el 30 de septiembre y el 1 de diciembre. Hay que descontar ese período. O bien una reforma tributaria se tramita muy apuradamente entre ahora y el fin de septiembre o recién después de diciembre. Ahí hay que hacer una primera elección. En cualquier escenario hay una decisión política detrás: una es si van a defender una buena parte de este diseño y van a hacer unos cambios pequeños y la otra es si se van a embarcar en una revisión y un rediseño más fuerte. Cualquiera de las dos cosas es legítima. El punto es: cuál va a ser la que va a permitir la recaudación que se requiere con el menor daño al proceso productivo económico”.

“Nuestra firma no representa al ex ministro Peñailillo”

-Enrique Correa afirmó que Jorge Bofill, quien es socio de usted, es el abogado del ex ministro Rodrigo Peñailillo. ¿Qué rol tiene?

“Hay una equivocación. Nuestra firma no representa al ex ministro Rodrigo Peñailillo y tampoco somos sus asesores. A Jorge Bofill le han solicitado su opinión algunos asesores del ex ministro y, en su minuto, Jorge fue invitado a una reunión en la que él estaba y en la que le pidieron su opinión. Y la dio. Pero no es asesor y no dirige la defensa. No es una persona que tenga nuestra representación o de la cual seamos responsables de su defensa. No somos los abogados, Jorge ocasionalmente ha sido consultado, eso es todo”.

Mariana Penaforte 


Fuente: El Mercurio