Impuestos Internos indicó que deberán restituir $12.647 millones al fisco
Isapres: efecto por tratamiento tributario de costas sería más del triple que el cálculo de SII
03.09.2016

El fiscalizador solo informó efecto sobre los años 2012, 2013 y 2014. De prosperar la decisión, se haría efectiva también para 2015 y 2016, que registraron récord en recursos de protección de los clientes para impedir las alzas en los planes de salud.  


Aún no hay una cifra de consenso entre las isapres que permita dimensionar el impacto que tiene el oficio emitido esta semana por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que, según dicen, representa un riesgo importante para la viabilidad de la industria.

El organismo fiscalizador determinó que el gasto por concepto de costas judiciales producto de los recursos de protección contra la adecuación de los precios de los planes no se puede considerar necesario para generar la renta, por lo que no puede ser descontado de la base imponible. Esto implica, según informó el SII, que las sumas liquidadas por este ítem ascienden a $6.571 millones, las que sumadas a los reajustes, intereses y multas alcanzan a $12.647 millones que deben ser reintegrados a las arcas fiscales.

Pese a que no todas han sido notificadas de esta decisión, la industria está preocupada no solo por lo que han denominado, un cambio de criterio, sino también por el impacto total de esta determinación. Explican que el SII calculó solo el efecto de esta decisión para los años 2012, 2013 y 2014 (años tributarios 2013, 2014 y 2015); siendo que será extensiva al ejercicio 2015 y el que está en curso.

Solo adicionando estos dos años, las estimaciones del costo que circulan en el sector superan los $39 mil millones, sin contar reajustes e intereses (ver infografía), lo que más que triplica el cálculo que realizó el organismo liderado por Fernando Barraza.

Mientras que algunos actores en el sector proyectan más de 350 mil recursos de protección para este año -sumando los que buscan congelar el precio base del plan y los que quieren detener el alza del GES-, otros calculan que estas acciones judiciales llegarán unas 180 mil.

De conservarse el criterio comunicado por el SII, en la industria hay consenso en que el daño tributario acumulado (los gastos en costas no tributados) hasta la Operación Renta de 2017 ascendería, por lo menos, a 500 mil recursos de protección, los que significarían costas por más de $65 mil millones. Esto tributaría al 35% hasta la Operación Renta 2016, tasa que subiría a 40% en la correspondiente a 2017, con lo que el impuesto estaría en torno a $30 mil millones. A este monto, se adicionan intereses y multas, monto que se calculan en alrededor de $20 mil millones. Con todo, el cálculo que ronda es de $50 mil millones que deberían pagar.

En línea está el cálculo que maneja el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, el que está en torno a los $48 mil millones. Este cálculo contempla 180 mil recursos en 2016, sin considerar los vinculados con el reajuste GES (que se adecua cada tres años). Además, revela que la aceptación de estos trámites legales está en torno a 40 mil recursos.

Cambio de criterio

En la industria hay molestia ante esta nueva determinación del SII. Para muchos, esto es un cambio de criterio -aunque el organismo dijo que ratificó un criterio histórico-, porque en años anteriores no hubo cuestionamientos a esta práctica, generando confianza legítima respecto de que eran consideradas gasto deducible en el criterio del SII. Y, hoy, además se adicionan multas e intereses.

Abogados plantean que el organismo solo se ha pronunciado acerca del tratamiento de las costas del Código de Procedimiento Civil, que no tienen relación con esta situación.

Además, explican que la isapre solo puede intervenir en relación con el pago de las costas al subir los planes, al defenderse en juicio y al pagarlas. Enfatizan que en ninguno de estos momentos la isapre puede actuar de otra forma, por lo que no sería procedente darle tratamiento de gasto rechazado.

Los montos involucrados, por más de $39 mil millones, son superiores a las utilidades de 2015 ($37 mil millones). Por esto, actores de la industria enfatizan que desembolsar este monto implicaría que el sistema caería en un escenario de insolvencia financiera.

PARA LA INDUSTRIA, SI BIEN ES VITAL LO QUE OCURRA TRAS ESTA DETERMINACIÓN DEL SII, ES NECESARIO QUE EL GOBIERNO RESUELVA EL SISTEMA DE ADECUACIÓN DEL PRECIO BASE DE LOS PLANES DE SALUD.

Bupa activa contacto en embajadas de España e Inglaterra

Cada isapre está evaluando el camino más apropiado para enfrentar la determinación del SII. Las isapres aún no han definido si es mejor ingresar una reposición administrativa voluntaria o llevar el tema directamente a tribunales tributarios.

Si bien queda camino por recorrer, Bupa -controlador de isapre Cruz Blanca- ya habría activado contactos con las embajadas de España e Inglaterra. Esto, porque el accionista controlador de Bupa Chile es el grupo inglés British United Provident Association (BUPA), con presencia global, en la que destaca Sanitas en España, origen de algunos ejecutivos de la operación local.

Son estos accionistas los únicos que podrían acudir eventualmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), si es que consideran este oficio del SII un cambio en las reglas del juego, que afecta la confianza legítima.

Para Rafael Caviedes, presidente del gremio, aunque se resuelva esta controversia de criterios con el SII, el verdadero problema es la judicialización de los ajustes de precios, que hoy no se pueden evitar ante los mayores costos de salud, aumento del gasto en licencias médicas, entre otros factores.

“El Gobierno no ha sido capaz de resolver el problema de la judicialización, no obstante que el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de las comisiones de salud de ambas cámaras le han pedido que solucione el problema”, enfatiza. “No nos podemos enredar en un fallo del SII. Hoy las normas que regulan el sistema de isapres no están siendo aceptadas por los tribunales”, agrega Caviedes.

Kharla Caniupán 


Fuente: El Mercurio