Con una tasa de reemplazo ideal obtendrían una pensión máxima de $280 mil:
Investigadores coinciden en que nivel de sueldos, y no el sistema previsional, explica en mayor medida bajas pensiones
28.08.2016

Académicos de distintas corrientes coinciden en que las bajas pensiones se deben a las características de un mercado laboral marcado por escasos niveles de productividad. Casi dos millones obtienen sueldos menores a $400 mil, lo que implica que si ese grupo alcanzara una tasa de reemplazo de 70%, obtendría una pensión de $280 mil mensuales.  


Pasan las semanas y el movimiento que demanda mejores pensiones no amaina. Al contrario. Si la movilización del 24 de julio fue masiva, la del domingo pasado lo fue más: 600 mil participantes según los organizadores y 80 mil según Carabineros, una de las más numerosas desde las marchas estudiantiles de 2011.

Salvo matices difíciles de percibir en una columna de gente de tales proporciones, la exigencia general de esa mañana tenía un foco claro e ineludible: No más AFP y retorno a un sistema de reparto, como si de ese cambio dependiera mejorar o no las pensiones.

Pero no. Académicos e investigadores de distintos sectores indican que el nivel de los sueldos es el factor que está detrás -de manera más determinante- del bajo nivel de las pensiones y que un cambio en la forma de gestionar los fondos previsionales, por sí solo, no haría gran diferencia. Ni siquiera en el más favorable de los escenarios.

Más de 423 mil trabajadores asalariados -con contrato- cotizaron en julio por un sueldo bruto igual o menor a $200 mil mensuales, según cifras de la Superintendencia de Pensiones. Si esas personas obtuvieran una tasa de reemplazo equivalente al 70% de su último sueldo imponible -y con eso se cumpliera una de las primeras exigencias del movimiento contra las AFP-, recibirían una jubilación mensual máxima de $140 mil mensuales.

Una muestra más amplia: de un total de 5 millones de cotizantes del sistema de AFP, casi dos millones obtienen sueldos menores a $400 mil, lo que implica que si ese grupo alcanzara una tasa de reemplazo de 70%, obtendría una pensión de $280 mil mensuales. A modo de referencia: la línea de la pobreza en Chile, definida por el Gobierno en 2015 para un hogar de cuatro personas, es de $361 mil mensuales.

Además, eso es lo que ocurre con los trabajadores que se desempeñan en el mercado formal, los que, dentro de todo, constituyen un grupo favorecido si se considera que más de dos millones de personas en Chile se desempeñan en la informalidad.

20% de los chilenos gana un sueldo mínimo o menos

La Nueva Encuesta de Ingresos Familiares (NESI 2015) del INE muestra que el 20% de los 7,6 millones de trabajadores chilenos -incluyendo los sectores formal e informal- gana un sueldo mínimo o menos al mes ($194 mil líquidos) y el 57% gana menos de dos sueldos mínimos.

“Las pensiones son el resultado de las características del mercado laboral. Si según la NESI 2015, más del 50% de los trabajadores gana menos de dos sueldos mínimos netos, entonces no le puede exigir al sistema que genere pensiones tanto más altas”, afirma Carlos Ríos, director del área económica social de la Fundación Avanza Chile, plataforma vinculada al ex Presidente Piñera.

Una opinión similar tiene el profesor de economía de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón: “Las causas fundamentales de las bajas pensiones están en el mercado laboral. El ingreso medio de los chilenos es de quinientos dólares al mes ($340 mil), lo que responde a nuestro nivel de productividad”, dice.

La baja productividad, de hecho, es uno de los talones de Aquiles de la economía local que dificulta la expansión de los salarios. Chile ocupa el penúltimo lugar en esta materia dentro de los países que integran la OCDE, y solo supera en esto a México.

De otro modo: un trabajador chileno produce US$ 27,4 por hora trabajada, mientras que un estadounidense produce US$ 66,5 en ese mismo tiempo. El promedio OCDE es de US$ 49.

Cotización efectiva es de 4,8% del verdadero ingreso laboral

Y si los salarios son bajos, otro elemento que conspira contra las pensiones es que los trabajadores tienen múltiples espacios para no cotizar por el total de los ingresos percibidos y, de este modo, priorizar la liquidez presente en desmedro de los ahorros. Algunos de estos espacios son legales y otros son abiertamente fraudulentos.

Del mismo modo, existen espacios para que los empleadores con problemas de liquidez declaren y no paguen la cotización de sus trabajadores.

Según el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica Salvador Valdés, la suma de evasión, subdeclaración de sueldos y de las exenciones autorizadas por ley (boletas de honorarios, gratificaciones, indemnizaciones, etc.) representan casi el 50% del ingreso laboral.

“La tasa de cotización efectiva en Chile es 4,8% del verdadero ingreso laboral”, afirma Valdés, quien agrega que la solución directa a este fenómeno “no es subir las tasas de cotización, sino cerrar exenciones y entregar la fiscalización en esta materia a la Tesorería General de la República.

Un juicio similar tiene el economista de Clapes UC Sergio Urzúa: “Los bajos salarios y las lagunas de empleo formal representan los principales problemas para efectos del sistema de pensiones. Cualquier cambio institucional pensando en pensiones debe incluir como prioridad una revisión del funcionamiento del mercado laboral”.

Para empezar, disminuir los niveles de desempleo, de modo que los trabajadores no acumulen periodos extensos sin cotización. Cifras de la Fundación Avanza Chile muestran que la tasa de desempleo promedio desde 1986 a la fecha fue de 8,1%, lejos de los niveles de desempleo de países como Estados Unidos, que en el mismo periodo promedió una desocupación de 6,1%.

Segundo, abordar la informalidad: desde 1986 a la fecha, uno de cada cinco de los ocupados corresponde a la categoría cuenta propia, es decir, aquella que es informal, peor remunerada y sin cotizaciones. Dentro de este universo, claramente las mujeres y los jóvenes son los más afectados, lo que conspira contra sus futuras pensiones.

“Incorporar flexibilidad laboral para segmentos como mujeres, jóvenes y adultos mayores que quieran trabajar pareciera ser un camino a seguir”, afirma Alejandra Candia, directora del Programa Social de LyD.

A juicio de Candia, las mujeres tienden en mayor medida a estar inactivas o desocupadas: “No es casualidad entonces que las pensiones de las mujeres a la hora de jubilarse resulten inferiores a las de los hombres, incluso dejando a un lado las mayores expectativas de vida de las mujeres a la hora del retiro y la menor edad legal de jubilación”, afirma.

¿Se arregla todo volviendo al sistema antiguo? “En el sistema antiguo, la informalidad o precariedad laboral también podían llevar a una baja pensión. El monto de la pensión también dependía del salario por el cual se cotizó”, señala Candia.

A esto se agrega otro dato: A diferencia de un sistema de capitalización individual, donde cada cotización es devuelta a la hora del retiro en forma de pensión, en un sistema de reparto como el que operaba en Chile existían requisitos para pensionarse, como haber cotizado cierta cantidad de años. Una baja densidad en las cotizaciones -originada en la informalidad o el desempleo- podía hacer que ese trabajador perdiera todo lo ahorrado.

SOL: se pueden mejorar las pensiones con estos sueldos

El economista de la Fundación Sol Gonzalo Durán -partidarios de ir hacia un sistema de reparto- asegura que el modelo que ellos tienen en mente sí podría mejorar las pensiones actuales, incluso con independencia de los bajos sueldos que se pagan en el mercado laboral chileno.

Esto, porque a su juicio las bajas pensiones sí son responsabilidad de las AFP y no solo de las remuneraciones. Gran parte del flujo de cotizaciones que estas entidades captan mensualmente -señala el economista- se destinan a invertir en el mercado de capitales y no a pagar pensiones.

El sistema de reparto que la Fundación visualiza no solo apunta a alcanzar cierta tasa de reemplazo, sino también a establecer beneficios con independencia de lo que las personas ganen en su etapa activa.

“En un modelo de beneficios definidos se combate la desigualdad una vez que entramos a la etapa de la jubilación (...) el valor absoluto de las pensiones es un elemento que no podemos desatender, porque podemos tener un muy buen sistema de pensiones, que nos asegure tasas de reemplazo del 70%, pero si tenemos bajos salarios vamos a seguir con pensiones de $150 mil”, afirma el economista.

¿Dónde opera un sistema como ese, en que se garantizan ciertos niveles de pensiones con independencia de lo que ocurría en la vida laboral activa? “Tenemos casos como el de Dinamarca o el caso de Alemania”, ejemplifica.

¿El financiamiento? “El diseño que hemos planteado es el financiamiento tripartido, un sistema de reparto en que la reserva técnica que existe (el fondo de reserva de pensiones por US$ 9.000 millones) se empiece a ocupar para fines de solidaridad” con los actuales pensionados, dice Durán.

Además, el economista de la Fundación Sol considera que con los actuales flujos de dinero que captan las AFP sería suficiente para darle viabilidad financiera al modelo que está proponiendo. El cálculo que hace es el siguiente: cada mes, las AFP captan el 10% del sueldo de los trabajadores, lo que equivale -dice- a $500 mil millones. A la vez, pagan pensiones por un total de $200 mil millones al mes. El remanente, asegura, se ocupa para financiar inversiones, lo que no es el objetivo de un sistema de seguridad social.

El economista y ex integrante de la Comisión Bravo Andras Uthoff también cree que el debate no se agota en el tema de la tasa de reemplazo, sino que hay que avanzar hacia un sistema de seguridad social que garantice una pensión base que se sitúe en torno al sueldo mínimo con independencia de la situación laboral de las personas: “Este debe ser un derecho no porque usted trabaja y cotiza, sino porque es ciudadano. Ese es el tema de fondo. El sistema tiene que considerar a todos los ciudadanos”.

En todo caso, Uthoff no comparte la idea de utilizar los flujos que hoy genera el sistema previsional -los $500 mil millones a los que hace alusión la Fundación Sol-, puesto que considera que no sería sustentable en el tiempo: “Sería pan para hoy y hambre para mañana”, puesto que en el futuro va a cambiar la proporción entre trabajadores que cotizan y pensionados.

Si baja la capitalización individual, también cae la inversión

Para la investigadora del Centro de Estudios Financieros del ESE Cecilia Cifuentes, es efectivo que las bajas pensiones son el correlato de los bajos salarios, de la informalidad y de las lagunas previsionales. Sin embargo, advierte que el sistema de capitalización tiene efectos virtuosos sobre la capacidad de crecimiento económico que no pueden dejarse de tener en cuenta a la hora de plantear modificaciones: “El sistema de reparto no tiene ningún impacto en el ahorro y la inversión (...) y no hay que olvidar que aumentar el PIB ayuda a la formalidad laboral y a mejorar los ingresos de los trabajadores”.

Las administradoras de fondos de pensiones administran recursos por unos US$ 160 mil millones, equivalentes a la mitad del PIB del país. Esos dineros están invertidos en el mercado de capitales y son una de las mayores fuentes de financiamiento de la inversión en Chile.

Sin embargo, para los sectores que empujan por ir hacia un sistema de reparto, lo que hay que resguardar primero son las pensiones: “El objetivo número uno de un sistema de pensiones no debiera ser impulsar la actividad económica ni financiar el mercado de capitales, ese es un objetivo de tercera vuelta; el objetivo uno es tener un sistema de seguridad social. Mientras eso no se resuelva, lo otro (el crecimiento) tiene que quedar en tercer plano”, dice Durán.

Distinta es la visión de Cecilia Cifuentes, quien advierte que todas las cifras demuestran que un deterioro en la capacidad de crecimiento económico terminaría conspirando contra las remuneraciones y, por cierto, sobre las pensiones: “Los ingresos de los trabajadores han crecido a la par del crecimiento de la economía”, afirma.

Los datos del INE y del Banco Central muestran una correlación casi perfecta entre crecimiento económico y expansión de los salarios: entre 2010 y 2013, el PIB se expandió 5,3% y las remuneraciones, 5,2% anual.

Entre 2014 y 2015, en cambio, el país creció en torno a 2%, y las remuneraciones apenas crecieron un 0,5% anual.

Esto es lo que ocurre entre los que tienen trabajo: según las últimas cifras de empleo de la Universidad de Chile, el tiempo de cesantía promedio es de tres meses. Sin embargo, en períodos complejos para la economía, como el que se presentó en 2009, el promedio fue de 5 meses. En este tiempo, claramente no hay cotización.

32 cajas distintas: unas para empleados, otras para obreros

El sistema de reparto que imperó en Chile hasta la década de los ochenta estaba diseñado para reproducir perfectamente las diferencias que existían entre una categoría de trabajador y otro durante su vida activa. Dependiendo del sector en que se trabajara, era la caja en la que se debía ahorrar obligatoriamente. Algunas empresas estatales tenían sus propias cajas.

Existían 32 de estas entidades y 100 regímenes previsionales distintos. Los empleados bancarios, los de Emos, los de Ferrocarriles, los de la marina mercante, etc., tenían su propias cajas, las que reproducían -para aquellos que alcanzaban los requisitos de densidad de cotización- una condición económica relativamente equivalente a la que tenían en la vida activa.

¿Dónde estaba la mayoría? El 45% de los trabajadores estaba en el Servicio de Seguro Social, caja donde cotizaban los obreros.

Beneficios sociales alientan la subdeclaración de ingresos

Mejorar las pensiones en Chile no solo pasa por introducir cambios al mercado laboral, sino también por perfeccionar las políticas de apoyo a los grupos más vulnerables, de modo que éstas no desincentiven la inserción laboral. Algunos programas desincentivan el empleo, afirma Sergio Urzúa, de Clapes UC.

En la misma línea, Salvador Valdés considera que el diseño de algunas políticas públicas alienta la subdeclaración de ingresos, lo que también tiene implicancias en el ámbito previsional. Por ejemplo, es lo que ocurre con las personas que cotizan por el mínimo -aun cuando tienen ingresos reales mayores- para no perder beneficios que dependen de cuán pobre se es.

Desde el acceso a la salud pública a través de Fonasa hasta las políticas de postulación a viviendas sociales están íntimamente relacionados con los niveles de pobreza que las personas pueden acreditar.

“Debido al mal diseño de los programas sociales, donde los beneficios se retiran abruptamente en vez de gradualmente, cuando un hogar revela una mejora que aumenta un poquito el puntaje de la Ficha de Protección Social, pierde abruptamente varios beneficios. Por eso, todos han aprendido que conviene esconder los ingresos”, afirma Salvador Valdés.

Pablo Obregón Castro 


Fuente: El Mercurio