Estudio de la consultora Pronostica realiza balance de los primeros cinco meses de esta ley
Sistema de quiebras de personas: 90% de los usuarios ha renegociado y 75% de las deudas son bancarias 
05.04.2015

La recuperación obtenida en el primer remate -realizado este mes- correspondió al 1% de lo adeudado.  


El 9 de octubre de 2014 entró en vigencia la ley que creó un nuevo sistema de quiebra para las empresas que caen en situación de insolvencia y que incluye un esquema especial y “a la medida” para las personas.

Antes, un deudor abrumado por una fuerte carga de compromisos impagos operaba por el mismo carril que las empresas y el procedimiento podía llegar a durar hasta cinco años. Es por eso que solo cerca de diez personas por año seguían este camino en un sistema que operó por más de 30 años.

Hoy la situación es distinta. Hace poco más de cinco meses los deudores pueden declararse en quiebra y existen tres caminos a seguir diseñados exclusivamente para las personas.

De acuerdo con un estudio realizado por la consultora Pronostica -liderada por el ex subsecretario de Economía Tomás Flores-, en los primeros cinco meses de implementación de la Ley 20.720 la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) ha recibido más de mil solicitudes, pero solo 317 han sido aceptadas y de estas, 277 correspondieron a renegociación de deudas, 39 a liquidación voluntaria y solo una liquidación forzosa.

En este último caso, el monto de la deuda asciende a $70 millones y fueron los acreedores quienes acudieron a un juzgado para solicitar la medida

El informe de la consultora muestra que la deuda promedio ponderada de cada deudor (que es el resultado del stock de deuda de los tres tipos de procedimiento dividido por el número total de deudores) asciende a $27 millones, el 62% de los deudores son hombres, el 75% de los impagos se encuentra en la banca y que el 90% de los usuarios de la nueva ley ha optado por la renegociación.

39 liquidaciones voluntarias

Entre el 9 de octubre de 2014 y el 13 de marzo de este año la SIR acogió 39 solicitudes de personas para iniciar el proceso de liquidación voluntaria, lo que implica ir a remate de sus bienes.

Respecto de la liquidación voluntaria, el estudio muestra que 10 de los deudores que han seguido esta alternativa son mujeres y 29 hombres. La edad no figura en las solicitudes que estas personas presentan, pero por el RUT es posible estimar que la mayoría se encuentra entre los 45 y 50 años.

El total adeudado por estas personas asciende a $1.412 millones y la deuda promedio asciende a $44 millones.

Al 13 de marzo, fecha de cierre del estudio, se registraban siete solicitudes de liquidación voluntaria por un monto total de $148 millones.

De los 39 casos que han seguido la alternativa de la liquidación, al 13 de marzo solo se había realizado un remate del deudor Robert Damiano. Esta persona optó voluntariamente por la liquidación de sus bienes y todo su proceso tomó 103 días hábiles (5,5 meses), sin incluir el reparto de dineros a los acreedores. Completar esta etapa final podría elevar el plazo a siete meses.

Flores destaca el timing registrado, ya que cuando se discutió esta ley -trámite en el cual él participó como subsecretario de Economía- la estimación era completar el ciclo de liquidación en ocho meses.

Damiano no puede volver a “quebrar” hasta 2020, pues esa es una de las restricciones de la ley. En caso de estar nuevamente abrumado por sus deudas, la única salida es la renegociación.

Uno de los aspectos que el estudio de Pronostica aborda son los resultados del único remate exhibido en los cinco primeros meses de esta ley. Esto porque el monto adeudado por Damiano era de $60 millones, pero el valor final rematado fue de $620 mil, por lo que la tasa de recuperación ascendió al 1%.

Uno de los puntos a mejorar en este procedimiento -en una eventual etapa de perfeccionamientos del marco regulatorio de los martilleros públicos- guarda precisamente relación con esta fase del proceso de quiebra, considera Flores (ver recuadro).

277 renegociaciones

La renegociación es el camino que más han seguido las personas: 277 personas.

En este caso la deuda promedio es menor respecto de la liquidación ($25 millones), siendo el deudor más bajo con $2,8 millones y el más elevado con $387 millones.

El total adeudado por las personas que siguen este camino asciende a $7.005 millones y el mes donde se acogió un mayor monto de solicitudes fue febrero de este año con $2.296 millones.

De acuerdo con el estudio, la primera solicitud de renegociación fue acogida el 23 de octubre y el 3 de febrero ya había finalizado todo el proceso. Es decir, la demora fue de 69 días hábiles y la estimación planteada en la discusión de esta ley era de 105 días hábiles.

El beneficiado en este caso fue Peter Calixto, quien presentó una propuesta de repactación a la SIR y esta fue aceptada por sus acreedores, pese a que estos en algunos casos debieron condonar una parte significativa de la deuda.

De hecho, según el acta de audiencia varios acreedores le condonaron a Calixto más de 25% de sus deudas y se allanaron a pagar las diferencias en un mayor período. Una cooperativa aceptó una propuesta de 90 cuotas mensuales, poco más de siete años.

¿Qué pasa con el registro de morosidad?

Los deudores que optan por el nuevo sistema de quiebras salen de los registros de morosidad una vez que finaliza el proceso. Sin embargo, pasan a engrosar el listado de personas que han caído en insolvencia y que han optado por la renegociación o la liquidación.

Todas las empresas que prestan créditos tienen acceso a esta base de datos que maneja la SIR. Por ende, es un aspecto que las empresas hoy están revisando “muy de cerca” a la hora evaluar a las personas que buscan endeudarse, señalan distintas fuentes de la industria financiera.

Antes los deudores que dejaban de pagar, por lo general, se “escondían” hasta que prescribían sus deudas, es decir, transcurridos cinco años desde la presentación de una acción judicial por parte de los acreedores, explica Flores.

Por su parte, las empresas ubicaban estos impagos a nivel contable en la partida de “créditos castigados”, es decir, que tenían una probabilidad muy baja de recuperación. Esta situación podía prolongarse por varios años.

Con el nuevo sistema, los acreedores pueden castigar dicha deuda y reducir su base imponible una vez que existe una sentencia en mano.

Según Flores este es uno de los incentivos que tienen los acreedores con la nueva ley. “Antes se eternizaban las cuentas por cobrar. Ahora las empresas pasan a una solución concreta que en términos contables les es favorable”, explica.

Qué aspectos perfeccionar

De acuerdo con el estudio de Pronostica, los martilleros -que son los encargados de los remates en los procesos de liquidación- debiesen ser sometidos a una modernización de su marco regulatorio para mejorar la tasa de recuperación.

Flores acudió al primer remate realizado y comenta que según sus cálculos se podría haber obtenido el doble de lo recaudado (el monto ascendió a $620 mil, el 1% del total adeudado por la persona) con un proceso más competitivo.

Otro aspecto que la consultora considera necesario es crear un sistema de deuda consolidada para reducir las posibilidades de sobreendeudamiento de las personas. Hoy existe un proyecto de ley en trámite y el Ministerio de Hacienda este mes debe informar una posición al respecto, debido a una consulta que esta semana le planteó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre dicha iniciativa.

Silvana Celedón Porzio 


Fuente: El Mercurio