Ambiguedades en implementación de ley laboral
07.08.2017

Urge que los tribunales del trabajo asuman el rol que les corresponde, para evitar que las decisiones laborales queden radicadas solo en el ámbito político.


La implementación de la reforma laboral ha amplificado la incertidumbre que por sí solos causan los profundos cambios que en ella se establecen. Chile quedó entre los cuatro países de la Ocde con la huelga más extrema, con restricciones durante el proceso de negociación, con incentivos perversos hacia el conflicto entre las partes y con dirigencias sindicales con poderes de veto a la gestión empresarial.

Sin embargo, los problemas para las empresas están lejos de terminar en el nuevo texto legal. Los enormes espacios de ambigüedades -advertidos por expertos en derecho laboral, economistas y gremios empresariales- han derivado en mayor incertidumbre jurídica al momento de comenzar un proceso de negociación colectiva y, como consecuencia, a una mayor judicialización de las relaciones laborales.

Un elemento que cobró especial relevancia con la prohibición del reemplazo en huelga es la correcta calificación de los servicios mínimos. Si previo al proceso de negociación colectiva no existe acuerdo entre las partes, cualquiera de ellas podrá requerir pronunciamiento de la Dirección del Trabajo (DT) quien podrá basarse en informes técnicos para emitir una “opinión fundada” que intente zanjar el desacuerdo. Esto es justamente lo que ocurrió en el caso de la empresa periodística El Mercurio S.A.P., que luego de efectuar el proceso antes descrito recibió el pronunciamiento de la DT sobre los servicios mínimos que podrían operar durante una huelga en su sector: solo un guardia en la caseta de seguridad.

Pero lo realmente preocupante vino después. La referida empresa presentó una demanda de procedimiento monitorio en los Tribunales Laborales, los que se declararon incompetentes para revisar la causa, pese a que el código laboral expresamente señala que entre las competencias de los Juzgados de Letras del Trabajo se encuentran “las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales” o “las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales”.

A lo anterior se suma la escasa presencia de organismos sectoriales para elevar consideraciones técnicas al momento de calificar los servicios mínimos, sobre todo porque la DT ha soslayado en diversos casos la opinión de los reguladores.

De persistir la negativa de los tribunales laborales, aspectos claves para la continuidad operacional de las empresas, como la definición de servicios mínimos, no solo quedarán fuera del control jurisdiccional, sino además en las manos de un único funcionario de gobierno. De esta forma, definiciones que deben ser establecidas bajo criterios técnicos, quedarán a expensas de las autoridades de turno con escaso conocimiento sectorial y con enormes espacios de discrecionalidad.

Urge, por lo tanto, que los organismos sectoriales y los tribunales laborales asuman el rol que les corresponde, porque de lo contrario estaremos delegando en el Director del Trabajo la capacidad para definir respecto de la continuidad operacional de todas las empresas del país.


Fuente: La Tercera