Desequilibrios en la reforma laboral
26.08.2015

Esta reforma que se tramita en el Congreso constituye una amenaza muy grave a la capacidad del país de seguir creciendo a buenas tasas.


Una institucionalidad laboral adecuada debe asegurar a los trabajadores las capacidades para negociar colectivamente, de manera de capturar para sí los ingresos que corresponden a su productividad. 

Ocurre que en el tiempo, un determinado conjunto de trabajadores, en una empresa específica, logran aumentos de productividad que no es fácil atribuir a una de las partes. La forma equitativa de asignar los recursos correspondientes a ese aumento de productividad es a través de una negociación de dos monopolios: la empresa, por un lado, y el colectivo de los trabajadores, por el otro. Para que esta negociación produzca resultados equitativos, las partes deben poder negociar con fuerza. Los trabajadores deben poder ir a huelga y la empresa debe poder reemplazarlos. La posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga permite a la empresa seguir funcionando, pero a mayor costo, por tener que recurrir a trabajadores sin la productividad de aquellos titulares de los puestos de trabajo. Si ese mayor costo existe, porque los trabajadores en huelga tienen mayor productividad, la empresa, en su propio interés, ajustará las remuneraciones para que estas reflejen la mayor productividad. Si la empresa puede reemplazar sin mayor costo, es evidencia de que los trabajadores en huelga no tienen más productividad que sus reemplazantes, y que no hay razones para que obtengan remuneraciones por sobre las de mercado.

Hay amplio espacio para medidas que permitan fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores, que no son expropiatorias y que aseguran la equidad en el mercado laboral, sin impedir el reemplazo de trabajadores en huelga. Si los trabajadores enfrentan una negociación en desventaja por carecer de ahorros para soportar una negociación larga, o por temor a perder el empleo debido a los costos de encontrar uno nuevo, lo que fortalece su capacidad negociadora es un seguro de cesantía de mejor calidad, o acceso a crédito durante la huelga, todo lo cual puede ser recogido en la institucionalidad laboral.

Lo que no se sostiene es potenciar la capacidad negociadora de los trabajadores dándoles el derecho a paralizar las empresas. La reforma que promueve el Gobierno, que impide el reemplazo de trabajadores en huelga, somete a las empresas a una presión expropiatoria. Puede que las remuneraciones obtenidas cuando la ley otorga a los trabajadores el derecho a expropiar a su empresa excedan la productividad de los trabajadores; dicho exceso, sin embargo,  equivale a un impuesto y desalienta la inversión. 

Como bien ha ilustrado Acemoglu (¿Por qué fracasan las naciones?) son las instituciones “inclusivas”, esto es, aquellas que atraen a todos a trabajar, producir e invertir, las que conducen al desarrollo de los países, pues reconocen y remuneran la productividad. Las estructuras “extractivas” -como la que configurará la reforma laboral si establece la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga- donde se despoja de sus derechos al legítimo dueño de lo producido, desalientan la actividad productiva y perpetúan el retraso. 


Fuente: La Tercera