Responsabilidad política por reforma tributaria
04.06.2017

El daño que ha provocado esta reforma -que la oposición concurrió a aprobar- es un llamado de atención para cuidar las buenas políticas.


Una de las propuestas emblemáticas que ha esbozado el expresidente Piñera para un eventual nuevo gobierno es reformular una vez más el esquema tributario chileno. En concreto, el plan de Chile Vamos en materia tributaria apunta a mantener el impuesto de primera categoría en 25% -evitando que aquellas empresas que optaron por el sistema semi integrado alcancen el 27% de impuesto corporativo-, simplificar el sistema y avanzar hacia la integración total, lo que evitaría que la reforma tributaria en curso se despliegue en toda su magnitud. A pesar de que un impuesto corporativo de 25% nos instala cerca del promedio que exhiben los países de la OCDE, las características de nuestra economía exigen incentivos mucho mayores para hacer de nuestro país uno realmente atractivo en términos relativos para la inversión extranjera.

Más allá del necesario reenfoque en materia tributaria, es necesario evaluar el patrón político que ha permitido cambios frecuentes en el sistema chileno, cuyos efectos no solo alcanzan a variaciones permanentes en las tasas que pagan personas y empresas, sino además en las propias bases del esquema que rige para el pago de impuestos en nuestro país. En ese sentido, no podría pasarse por alto que el expresidente Piñera y su sector aparecen como los precursores de esta ola de cambios, que abrió la puerta para mayores modificaciones en el futuro como también a su validación. Hay que recordar que con motivo de la reconstrucción producto del terremoto de 2010, la administración de centroderecha propuso elevar el impuesto de primera categoría “temporalmente” de 17% a 20%. Dos años más tarde -y con la necesidad de financiar nuevos aumentos de gasto público y reducir otros impuestos- se decidió mantener el impuesto corporativo en 20%, dándole la razón a aquellos que siempre miraron con escepticismo la temporalidad de este incremento.

Más adelante, cuando en los albores de la Nueva Mayoría se planteó una reforma tributaria de escaso rigor técnico y con claros guiños populistas, fueron los propios parlamentarios de centroderecha los que no solo propusieron el modelo alternativo, que al final dio viabilidad política al cambio tributario, sino además concurrieron -con fotografía y votos incluidos- en la instalación del sistema que ahora se pretende cambiar. Aun cuando es valorable que la actual oposición pretenda rectificar este desaguisado, no puede pretender eludir el costo político que le cabe por haber aprobado una reforma que resultó dañina para el país, por lo que sería valioso un reconocimiento en tal sentido.

Los efectos negativos sobre la inversión que han tenido los sucesivos cambios tributarios son evidentes. Nuestro país requiere incentivos adicionales al promedio de economías de la OCDE, no solo porque su nivel de desarrollo es menor, sino porque hay otra serie de elementos que nos alejan como atractivo de inversión, entre los que se encuentra una mayor distancia de los grandes mercados de consumo, mayores costos de energía, crecientes regulaciones laborales y mayor incerteza jurídica, entre muchos otros.

La tarea no se avizora fácil, no solo porque hay que desenmarañar los sucesivos cambios que se han hecho en materia tributaria en los últimos años -que han complejizado el sistema y alertado a inversionistas- sino además por la compleja ecuación que implica simplificar y reducir impuestos, generar -o al menos mantener- incentivos para la inversión, evitar focos de elusión y todo esto hacerlo simultáneamente manteniendo en orden las cuentas fiscales.


Fuente: La Tercera