Durante la administración anterior, obtuvieron reajustes promedio de 2% real:
Empleados públicos logran reajuste real menor a 0,3% al año durante este Gobierno y gremios grandes negocian en paralelo
15.10.2017

Pese a que los funcionarios presentaron su petitorio de reajuste el 4 de agosto, todavía no son recibidos por Hacienda y recién podrían iniciar conversaciones el 20 de octubre. En el Gobierno reconocen que no se han reunido aún, pero aclaran que mantienen 16 mesas de negociación sectoriales. Confusam critica el “paralelismo” promovido por el Ejecutivo, mientras que el Colegio de Profesores dio libertad de acción para adherir o no a la movilización convocada para el martes, la que en dos días pasó de ser un llamado a paro nacional a una jornada de protestas. 


Los empleados públicos no les ha ido bien negociando con esta administración. En tres años de Gobierno de la Presidenta Bachelet, los gremios que integran la Mesa del Sector Público han conseguido un reajuste promedio menor a 0,3% al año en términos reales, cifra que está por debajo del 2% real que lograron durante la administración del Presidente Sebastián Piñera -que en esos años consideraron exiguo- y por debajo de lo obtenido en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

Esta vez, las cosas no se vislumbran mejores que en el trienio precedente. Si el año pasado el Gobierno envió al Congreso un proyecto de reajuste sin acuerdo con los trabajadores -desatando la ira y los insultos de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, contra el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés- al menos hubo varias instancias para negociar. Ahora, el Ejecutivo ni siquiera ha recibido a los dirigentes para escucharlos -lo que ocurriría recién el 20 de octubre- y ha priorizado las negociaciones sectoriales. Esto, a pesar de que los gremios ingresaron su petitorio a la oficina de partes de La Moneda hace más de dos meses, precisamente para no complicar al Ejecutivo con una discusión que coincidiría con las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

¿Qué hay detrás de esta situación? Según el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, “la debilidad indiscutible en que está la CUT producto de su pérdida de legitimidad juega en contra”.

La presidenta de los Profesionales de la Salud (Fenpruss) Gabriela Farías agrega otros dos elementos: la situación económica del país no es favorable y, segundo, “las fuerzas políticas que apoyaban nuestras demandas (la Nueva Mayoría) hoy están sentados del otro lado de la mesa (...) Un partido que debiera haber estado del lado de los trabajadores de alguna manera se ha restado”, afirma en alusión al PC.

Prueba de esta fragilidad es la tibieza con que algunos gremios han asumido el llamado a movilización del próximo martes: los profesionales de la salud no participarán mientras que el magisterio dejó en libertad de acción a sus filiales para plegarse o no.

A esto se suma que, con dos días de diferencia, la propia Mesa del Sector Público suavizó la naturaleza del llamado: el miércoles convocó a un paro nacional y el viernes comenzó a hablar de una jornada de protesta. El giro de los funcionarios se dio luego que el Gobierno los invitara a conversar a través de una carta enviada por Hacienda a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC) y al secretario de la multisindical, Nolberto Díaz (DC).

¿El Gobierno percibe la debilidad de la CUT?

La Mesa del sector Público está compuesta por quince gremios dependientes del Estado -la ANEF, la Consufam y el Colegio de Profesores, entre los más importantes- y es liderada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Este año, el coordinador es el consejero nacional de la CUT, Ramón Chanqueo, quien sucedió en esta función al actual presidente de la Anef, Carlos Insunza (PC).

Para algunos dirigentes gremiales que integran esta instancia, las dificultades para negociar este año responden, en parte, a que el Gobierno percibe la fragilidad en que se encuentra la Mesa del Sector Público, tensionada por disputas internas y afectada por el desmembramiento que ha experimentado la CUT durante estos meses.

Este año, una de las organizaciones históricas del sector público, como la Fenpruss -profesionales de la Salud- fue expulsada de la Mesa debido a sus disputas con la directiva de la CUT. ¿Las razones? en junio de este año, los profesionales de la salud decidieron renunciar a la multisindical denunciando malas prácticas (fraude electoral, por ejemplo) y, horas después, ocho gremios del sector público, liderados por dirigentes de la Nueva Mayoría, decidieron expulsar a la Fenpruss de la Mesa del Sector Público. ¿El argumento? Pertenecer a la CUT es condición para ser parte de esta instancia de negociación.

Profesores en libertad de acción para el martes

Otra de las grandes organizaciones del sector público que, a diferencia de otros años, ha tenido una participación menor en esta instancia negociadora es el Colegio de Profesores.

El magisterio mantiene congelada su participación en la CUT y, aunque no fue expulsada de la Mesa del Sector Público por un tecnicismo -en lugar de desafiliarse de la CUT, optó por el congelamiento del pago de cuotas- ha dado claras señales de distancia.

El miércoles, por ejemplo, ninguno de sus dos hombres fuertes -el presidente Mario Aguilar y el secretario Darío Vásquez- estuvieron presentes cuando el pleno de la Mesa del Sector Público se reunió en la sede de la CUT para convocar a una paralización -que luego derivó en protesta- para este martes. Su nivel de adhesión a las movilizaciones de esta semana claramente es incierta.

Según el presidente del magisterio, Mario Aguilar, la posición de la directiva es participar de esta movilización. Cómo hacerlo -agrega- será decisión de cada filial del Colegio. En simple, habrá libertad de acción.

Negociaciones paralelas generan críticas cruzadas

¿Por qué Hacienda no ha recibido a los funcionarios públicos a más de dos meses de que éstos le hicieran llegar su petitorio? Según fuentes de Gobierno, Hacienda mantiene 16 instancias de negociación sectoriales que surgieron de los acuerdos de 2014 y la idea siempre fue despejar esos temas puntuales para, luego, abordar la negociación del reajuste general.

Las negociaciones paralelas son uno de los temas que han contribuido a tensionar las relaciones entre los dirigentes gremiales. El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, acusa derechamente a la CUT y a la ANEF -ambas lideradas por el PC- de ceder a una situación que, a su juicio, es inédita: “Por primera vez tenemos a distintos gremios resolviendo temas sectoriales de manera paralela”, dice.

Según Maturana, la ANEF está negociando el tema de la ley 19.296 (normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado) cuando lo que debería priorizar -al igual que todos los gremios públicos- es el tema del reajuste.

El presidente de la ANEF y Consejero Nacional de la CUT, Carlos Insunza, disiente: “Nosotros no lo entendemos así. El propio acuerdo de la Mesa del Sector Público del año 2014 tiene elementos que se aprueban y que se implementan a nivel centralizado, pero tiene otros para ser implementados a nivel sectorial (...) nosotros no entendemos eso como una voluntad de paralelismo, sino como una dinámica de negociación integral”, afirma.

Pese a todo, un funcionario público gana 41% más que un empleado del mundo privado

Más allá de los factores políticos, también hay razones económicas detrás de los magros reajustes logrados por la Mesa del Sector Público durante estos tres años. Para el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, “es evidente que los reajustes de los últimos tres años han sido muy marginales. De hecho, el único año en que hubo acuerdo fue el primero (2014) y se enmarcó más que por los componentes económicos, por los componentes laborales que el protocolo de acuerdo contemplaba”, dice.

Los reajustes conseguidos en el período de Sebastián Piñera son notoriamente superiores -reconoce Insunza-, pero plantea matices: “Es evidente que el Presidente Piñera tuvo una situación económica completamente distinta, con un precio del cobre que estuvo en un nivel histórico y claramente no hubo acuerdo tampoco”, señala.

¿Por qué rechazaron las propuestas de esa administración, claramente más altas que las observadas durante este trienio? Porque la pretensión de la Mesa del Sector Público no es solo recuperar el poder adquisitivo que se deteriora a causa de la inflación, sino también participar del crecimiento del país, situación que durante ese gobierno no ocurrió, afirma Insunza.

El economista de Clapes UC, Juan Bravo, también cree que las condiciones económicas del país han sido un factor determinante en todo esto. Es razonable que el reajuste haya sido menor durante este gobierno -señala- porque la situación económica también ha sido peor: “Además de eso, está el fuerte deterioro fiscal, con un fuerte aumento del gasto público producto de los nuevos compromisos debido a las reformas, lo que achicó el espacio para incrementar el gasto en remuneraciones”, afirma.

Sin embargo, Bravo aclara que esta realidad está lejos de dejar en una situación desmedrada a los empleados del Estado. Esto, considerando que un asalariado en el sector público tiene remuneraciones 41% mayores que un asalariado en el sector privado, según cifras del INE.

“Esa diferencia es bruta, es decir, sin ajustar por las características relevantes que determinan el ingreso laboral, esto es, experiencia, educación, rama de actividad, etc. Sin embargo, la evidencia empírica para Chile muestra que ajustando por esos factores, aún existe un diferencial de entre 15% y 30% no explicado que favorece a los trabajadores del sector público”, afirma Bravo.

Pablo Obregón C.  


Fuente: El Mercurio