El año estuvo marcado por la contienda electoral:
Los 20 hitos económicos que marcaron el año 2017
17.12.2017

La renuncia del ministro de Hacienda; el “rescate” de MasVida; la fallida alianza entre Ripley y la mexicana Liverpool y el “golpe” de Scotiabank, que duplicará su tamaño en Chile, son parte de este balance.  


C. Agurto/N. Durante/V. Ibarra  Los casos pendientes

Venta de Potash y sus consecuencias

A varios miles de kilómetros de Chile se selló el destino del 32% de acciones que tiene la canadiense Potash Corp. (PCS) en SQM: tiene que vender antes de abril de 2019 si quiere fusionarse con Agrium y dar vida a la gigante del mercado mundial del potasio, Nutrien. Las tratativas para hacer efectiva esta condición comenzaron en septiembre y están siendo asesorados por los bancos Goldman Sachs y Bank of America. Han sido los propios ejecutivos de la firma los que han dicho que los principales interesados vienen de China. Entre ellos se cuentan a Tianqi y Shanshan Resources, además del fondo de private equity , también chino, GSR Capital, los que deberían desembolsar en torno a US$ 4.500 millones por casi un tercio de SQM, pero sin obtener el control de la minera no metálica. Eso sí, el futuro de este deal dependerá de cómo avance el litigio entre Corfo y SQM por el Salar de Atacama, desde donde proviene más de la mitad de los ingresos de la minera no metálica. De hecho, la semana pasada estuvo en Chile Jochen Tilk, quien se reunió con Eduardo Bitran, vicepresidente de Corfo.

Banmédica ad portas de cambiar de dueño

Otra de las operaciones anunciadas en septiembre y que estaría ad portas de cerrarse, es la oferta por US$ 2.700 millones que hizo el grupo estadounidense United Health Incorporate, para quedarse con el 100% de la Isapre Banmédica. Aunque se había dicho que en noviembre se cerraría el negocio, las conversaciones se aplazaron hasta el 31 de diciembre de este año.

Enel se reestructura

Por su parte, la italiana Enel inició en agosto una nueva reestructuración de su operación en Chile, incorporando por fusión a Enel Green Power, la unidad de energías renovables no convencionales de la firma italiana en Chile. Además, lanzará una OPA para adquirir hasta el 100% de Enel Generación, con la condición de superar el 75% de esta compañía. La próxima semana, las juntas de accionistas votarán la propuesta, valorizada en US$ 3.500 millones.

Cambio al sistema de pensiones

La discusión de cambios al sistema de pensiones se tomó la discusión durante el presente año. En abril, la Presidenta Bachelet anunció el envío de un proyecto de ley que consideraba, entre otros aspectos, el aumento de 5 puntos en la cotización, con cargo al empleador. Tras el envío en agosto al Congreso, su tramitación no ha mostrado avances.

En el fragor de la carrera presidencial, los comandos de Sebastián Piñera y Alejandro Guillier han hecho patente sus diferencias y han anunciado modificaciones al proyecto del gobierno que deberán ser discutidas por un nuevo parlamento en 2018.

El rechazo al proyecto minero Dominga que provocó inédita renuncia del equipo económico de Bachelet

El viernes 18 de agosto el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, citó para el lunes siguiente al Comité de Ministros que decidiría el futuro del proyecto minero-portuario Dominga. Esa mañana la instancia rechazó la iniciativa por tres votos (Salud, Agricultura y Medio Ambiente) contra dos (Minería y Energía). En tanto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se retiró sin votar. La autoridad había solicitado prorrogar la decisión para analizar “en profundidad” todos los antecedentes, pero no fue tomado en cuenta. Esa fue la chispa que encendió el polvorín.

“Constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas”, señaló el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dando cuenta de su molestia por el rechazo. La respuesta de la Presidenta Michelle Bachelet fue demoledora. “Necesitamos que el crecimiento vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente. Esto no es un asunto de gustos personales”, dijo.

Este cruce de palabras fue el inicio del fin de la relación entre la Mandataria y su equipo económico. El 31 de agosto presentaron su renuncia los ministros Valdés y Céspedes; además del subsecretario de Hacienda, Alejando Micco.

Pese a la decisión del Comité de Ministros, el proyecto encabezado por Andes Iron sigue con vida. En los últimos días el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió a trámite un recurso de reclamación que busca revertir el rechazo al proyecto. La instancia judicial dio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un plazo de 10 días para pronunciarse.

¿El tiro por la culata? Alza de precios tras debut de la nueva ley de estacionamientos

En febrero debutó una de las normativas aprobadas en el actual Gobierno, que vendría a beneficiar a los consumidores: la Ley de Estacionamientos.

No obstante, tras su implementación se generaron reclamos de los usuarios y del propio Gobierno. ¿La razón? En la mayoría de los casos los precios por este servicio aumentaron.

La iniciativa legal obliga a los operadores privados a optar por dos modalidades de cobro: por tramo o por minuto efectivamente utilizado, pero deja en sus manos la posibilidad de fijar libremente las tarifas.

A pocos días de la entrada en vigencia, el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés defendió la ley, precisando que el incremento de precios se debió a una “subida por el chorro” de los empresarios. A la semana siguiente, el Sernac presentó una demanda contra 10 centros comerciales por “infringir” la ley.

En agosto, el área de estudios de Colliers Internacional dio a conocer un informe que dio cuenta del incremento en el valor para aparcar en las siete comunas de la Región Metropolitana analizadas. Así, mientras en Santiago el aumento era de 28,46%, en Huechuraba ascendía al 26,76%. En tanto, en Vitacura y Providencia los aumentos de precios son más moderados, con alzas de 15,09% y 3,65%, respectivamente.

Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados una moción que busca perfeccionar esta ley, estableciendo 30 minutos de gratuidad en centros comerciales, aeropuertos, entre otros. A eso se adicionaría otra hora sin cobro si se acredita una compra o consumo superior a 1/8 de UTM (unos $6 mil).

Inédita nevazón dejó sin luz a parte de Santiago y Enel tuvo que compensar a 330 mil hogares

Santiago amaneció como una postal navideña. Los niños jugaban ese sábado 15 de julio haciendo muñecos de nieve o deslizándose en improvisados trineos. Pero ese evento, la mayor nevazón de Santiago en los últimos 36 años, dejó a parte de la capital sin luz durante varios días, con árboles caídos, semáforos sin funcionar, cables por los suelos. El episodio puso en aprietos a Enel Distribución (ex Chilectra), que a los pocos días fue demandada por el Sernac por ese evento, que dejó más de 200 mil hogares sin electricidad y que se sumó a otra emergencia ocurrida en junio, cuando una tormenta de viento y lluvia afectó a los consumidores de la capital.

El compromiso de Enel Distribución fue pagar hasta $25 mil por familia por los eventos de junio. En el caso de los cortes por la nieve de julio, la firma acordó abonar el consumo del mes de mayo con un tope de $25 mil por cada noche sin suministro. Según la firma, “hemos cumplido nuestro compromiso con los clientes que se vieron afectados por las contingencias climáticas extraordinarias vividas durante el invierno pasado, aplicando las compensaciones legales correspondientes, y una bonificación adicional y voluntaria. Considerando los eventos de viento y nieve de los meses de junio y julio respectivamente, dichas compensaciones fueron aplicadas a aproximadamente 330 mil hogares”, dijo Enel. Hasta la fecha, han gastado más de $5 mil millones en ello. Respecto de los planes de acción post contingencia, la firma agregó que estos superan el 60% de avance. Enel dice que han despejado a la fecha más de 1.100 kilómetros de red eléctrica a través de la poda, de manera de reducir las posibilidades de interrupción de suministro.

Round Codelco-Contraloría: un duelo de gigantes que tiene para largo

Desde que asumió el 17 de diciembre de 2015 como contralor general de la República, Jorge Bermúdez ha dejado claro su sello fiscalizador. Este año su protagonismo escaló aún más tras gatillarse el conflicto con Codelco, con Óscar Landerretche, el presidente del directorio, como principal antagonista. “Es un duelo de gigantes y de egos gigantes”, resume un abogado de la plaza.

Todo partió a inicios de año cuando la Contraloría entregó a la cuprera el informe de auditoría extraordinaria N° 900, en el cual se detectó una serie de irregularidades, entre ellas, que Codelco contravino la ley de compras públicas en contratos y asignaciones directas. La Contraloría envió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigaran penalmente.

Tras un intercambio público de opiniones entre las partes, la estatal interpuso el 2 de agosto pasado una demanda de nulidad de derecho público contra la Contraloría, en la que acusa que la entidad contralora ignoró las normas por las cuales se rige Codelco; es decir, la Ley de Sociedades Anónimas y, de obligarla a seguir las leyes de contratación de un servicio público, con lo cual se vería afectada su competitividad. ¿Qué se juega en esto? Según un académico ligado al proceso, lo que está en discusión en el juicio de Codelco contra Contraloría es si la corporación del cobre es una empresa o un servicio público y qué leyes se le aplican. El proceso recién empieza porque el fallo en primera instancia se prevé para la segunda mitad de 2018 y con las subsecuentes apelaciones, puede tardar seis o siete años en resolverse.

Las operaciones que sí resultaron

El tira y afloja por la isapre de médicos

La teleserie por la Isapre Masvida está en un punto intermedio, entre un éxito para algunos y fracaso para otros. Lo que primero se identificó como problemas financieros de menor relevancia y demora en entregar los estados de resultados de 2016 terminó por demostrar que la empresa tenía números rojos y su funcionamiento era inviable. Por ello, la Superintendencia de Salud decretó, en marzo, un corralito para los casi 300 mil clientes de la isapre y nombró como interventor a Robert Rivas. Fue él quien inició una intensa búsqueda de un socio o comprador. Con tira y afloja de varios candidatos que quedaron en el camino, finalmente fue el fondo estadounidense Nexus Partner el que por US$ 54,2 millones (al 17 de abril, cuando se aprobó la operación) se quedó con la cartera de clientes de la isapre, las deudas por pagar previsionales y de empresas relacionadas y la marca. A fines de abril, la superintendencia levantó el corralito, y en noviembre terminó la intervención de la empresa.

Claro que en el camino quedaron, y siguen, varios. Uno de los primeros interesados a inicios de año fue el fondo Southern Cross, ligado a Norberto Morita y Raúl Sotomayor, que hizo una oferta no vinculante por US$ 90 millones para quedarse con todo el grupo Empresas Masvida, lo que finalmente no llegó a buen puerto, porque las cifras que estaban disponibles no le cuadraban al fondo. Quien también estuvo cerca fue el fondo Gamma Capital, pero desistió por el mismo motivo que Southern Cross.

Otro de los que estuvieron en carrera, pero solo por las clínicas, fue ICC Farma, sociedad ligada al ex controlador de Cruz Verde Guillermo Harding, e Inversiones La Construcción (ILC) -de la Cámara Chilena de la Construcción- también pujó por estos mismos activos, lo que tampoco prosperó, al menos por ahora, porque las clínicas que le quedan al holding siguen a la venta. De hecho, en agosto, el fondo de capital privado Advent International, el mismo que entró a Enjoy, habría iniciado un due diligence por todo o parte de las siete clínicas de Empresas Masvida.

Bethia crece en el dial y encuentra socios chinos

Al grupo Bethia, de la familia Heller, le gustó su incursión con los medios de comunicación. Si primero fue Mega y luego las radios Candela y Carolina, decidieron crecer en este último segmento y en mayo anunciaron la compra de las estaciones Infinita, Romántica y Tiempo al grupo Bezanilla, las que comenzaron a operar desde el 1 de diciembre.

Otra operación que hizo este grupo fue la venta del 85% de Bethwines (Indómita, Santa Alicia y Dos Andes) a Changyu, la mayor compañía vitivinícola de China, en US$ 50 millones.

La bolsa vuelve al ruedo

Este año, la Bolsa de Comercio de Santiago rompió con la sequía de aperturas de empresas chilenas. El 24 de enero, tras varios años en el tintero de las apuestas por transarse, la supermercadista SMU logró recaudar US$ 200 millones. Y en agosto vino la segunda apertura, esta vez de Tricot, que se llevó US$ 142 millones en su estreno.

Tema aparte fue el IPSA, principal indicador de la bolsa, que vivió un récord tras romper la barrera de los 5.000 puntos, el mayor nivel desde que se mide con el método actual. Expectativas de cambios políticos y una mejora del panorama a nivel internacional hicieron que nacionales y extranjeros miraran a la bolsa, que hasta este viernes -con caída incluida después de la primera vuelta presidencial- ha rentado 23,7%.

Banca: Salen españoles, crecen canadienses

Aunque aún faltan detalles relevantes, los accionistas españoles de BBVA Chile sellaron durante este mes un acuerdo con Scotiabank para vender la operación local por un monto de US$ 2.700 millones por el 68% que tiene la matriz BBVA. En tanto, con los Said, socios de los españoles, también alcanzaron un acuerdo y la familia se quedaría en el banco con cerca del 25% de la propiedad y con directores en la mesa. Pero el proceso no fue sencillo, porque los canadienses tenían que convencer a dos bandas -a los Said y los españoles- de vender. Como los ibéricos ya habían decidido que Chile no era rentable para su modelo de negocio, el resultado fue más rápido, aunque la primera oferta, que había sido por US$ 2.200 millones, subió hasta los US$ 2.700 finales. Mientras que en la otra vereda, los Said, que por pacto de accionistas tenían la prioridad para comprar el banco, se contactaron con los controladores del Bice y el Security para hacer una oferta en conjunto, la que no prosperó, por lo que negociaron las condiciones con los canadienses para quedarse en la mesa del BBVA en Chile.

Arabia Saudita, decorando la casa

The Abraaj Group, compañía de inversiones con sede en Dubái, adquirió en enero el 51% de CasaIdeas a Mauricio Russo y Claudia Venegas, los ex controladores y hoy socios. En el año, el negocio ha ido viento en popa, han abierto dos tiendas, y para el próximo año esperan inaugurar otro par, además de volver a Colombia.

Los negocios que no fueron

El fallido desembarco de Liverpool en Ripley

La historia del intento de la mexicana Liverpool de comprar al menos el 25% de Ripley y su banco comenzó en julio de 2016 cuando la familia Calderón Volochinsky acordó que mantendrían hasta el 50% de la firma y los mexicanos alcanzarían un cuarto de la propiedad, y para ello debía convencer a la otra rama de los Calderón, los Kohon, a quienes nunca les convenció el precio de $420 por acción que ofertaron. Tras varios meses de intensas negociaciones entre las familias y los mexicanos, en mayo de este año la operación se dio por muerta. Aunque la razón oficial fue un “empeoramiento del entorno macroeconómico”, otras versiones apuntaron a la demora de la SBIF en la aprobación del ingreso al banco y que, con el alza del precio de la acción (cerró este viernes en $576,9)), el precio de la OPA ($420) que habían ofrecido quedó desactualizado y los mexicanos no estaban dispuestos a poner más dinero.

Corfo y SQM con las puertas cerradas

Aunque está fechado en 2015 el inicio del conflicto entre SQM y Corfo por el contrato en el Salar de Atacama, este año fue clave en su desarrollo, porque en medio del juicio arbitral donde la estatal pide la cancelación del contrato por faltas graves a su cumplimiento, el árbitro Héctor Humeres llamó a una nueva conciliación para que ambas partes pudieran acercar posiciones. Y el avance fue tal que muchos pensaron que en octubre saldría humo blanco, luego que llegaran a un consenso en el pago de royalty , toneladas de explotación de litio y condiciones ambientales y sociales, pero fue la petición principal de Eduardo Bitran, vicepresidente de la Corfo, la traba que hizo caer las tratativas: que Julio Ponce pierda el control. Hoy, el caso espera que el juez falle, lo que podría tardar por lo menos varios meses y hasta uno o dos años más.

Incendios del verano de 2017 consumen 467 mil hectáreas y provocarán baja en envíos de madera en 2018

Las altas temperaturas, la menor humedad y los inusuales y feroces vientos estivales se confabularon para provocar, a inicios de este año, los peores incendios que se tengan registros en Chile. “Los megaincendios del verano dejaron víctimas fatales, pérdida de flora y fauna, destrucción de viviendas y un récord histórico de 467 mil hectáreas quemadas, incluyendo 220 mil hectáreas de plantaciones”, resume el presidente de la Corporación de la Madera (Corma), Fernando Raga.

Los efectos de esta conflagración se dejarán sentir en 2018 y los años venideros, porque si bien las empresas forestales iniciaron la replantación este año, el crecimiento de los árboles y la forestación misma tardan varios ejercicios. De hecho, en parte por ello se prevé que las exportaciones se mantengan en niveles de US$ 5.400 millones o incluso bajen de ese nivel durante el 2018.

Y es que, señala Raga citando datos de Infor, “los daños causados por los incendios se centraron en un 27% en pino en edad de cosecha”, lo que podría tener un impacto del orden del 15% en el volumen de madera aserrada disponible para la exportación en el año 2018”. Acota que habría disminución en el abastecimiento de este producto en las regiones del Maule y Bío Bío.

Dado que las condiciones que provocaron el siniestro pueden replicarse, este año las compañías forestales han aumentado en 60% sus recursos para prevenir los incendios y combatir el fuego en el verano 2018 e invertirán US$ 80 millones para esa tarea. Hay 24 aviones y 25 helicópteros, además de 2.700 brigadistas. La última adquisición fue esta semana: llegó a Chile el helicóptero cisterna más grande del mundo, el S-64 Erickson Aircrane.

Aumento de la deuda pública y caída en el precio del cobre: las razones del primer recorte de la nota crediticia de Chile en 25 años

Corría mediados de junio y lo que hasta ahora era una amenaza se concreta. La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) rebajó la nota crediticia de Chile por primera en 25 años, pasando desde el nivel “AA-“ a “A+”.

La entidad financiera justificó su decisión por el débil crecimiento de la economía y la caída del precio del cobre, lo que afectó a los ingresos fiscales y contribuyó al incremento de la deuda del gobierno.

Al momento de conocerse la noticia, la economía chilena apenas crecía (0,1% en el primer trimestre y 1% en los tres meses siguientes). El precio del cobre se empinaba levemente sobre los US$ 2,5 por libra y la deuda pública pasaba de 14,9% del PIB en 2014, hasta el 23,8% del PIB en junio de este año.

Casi un mes después vino la segunda estocada. Otra de las principales agencias clasificadoras de riesgo a nivel mundial, Fitch Ratings, siguió el mismo camino, recortando la nota soberana de “A+” a “A”.

El entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que el recorte era “esperable”, pero no por eso dejaba de ser una mala noticia. De todas maneras, la autoridad puso en perspectiva la decisión, destacando que nuestro país se mantuviera “un par de escalones por encima de los países latinoamericanos” y al mismo nivel de Japón o Israel.

La noticia también se tomó la carrera presidencial que estaba en ciernes. En el comando del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, sostuvieron que el próximo gobierno debiera enfocarse en revertir la trayectoria alcista de la deuda pública. Por su parte, desde el equipo de Alejandro Guillier sostuvieron que el foco no debiera estar puesto en la reducción del gasto, “sino en la reactivación del crecimiento”.

El accidentado camino para el pago de la compensación de $7 mil por la colusión del papel tissue

¿Cuándo pagarán los $7 mil de compensación por la colusión del papel higiénico? Esa es la pregunta que millones de chilenos se hacen luego del acuerdo alcanzado en enero de 2017 por CMPC, el Sernac y las asociaciones de consumidores Conadecu y Odecu. A casi un año del compromiso, y en medio de la incertidumbre por la forma de pago, la interrogante aún no tiene respuesta.

El acuerdo, que consideraba el pago de una indemnización de $7 mil a cada persona mayor de 18 años con carnet de identidad, con un costo total de $97.647 millones (alrededor de US$ 150 millones), debía ser aprobado por el 10 Juzgado Civil de Santiago. Pese al visto bueno de esta instancia, una serie de presentaciones legales del abogado representante de más de mil comuneros mapuche de la Región de La Araucanía, Jaime Moraga, y la Asociación de Consumidores de Chile (Asocochi) ha llevado el caso hasta la Corte Suprema.

Dicha instancia debe pronunciarse en las próximas semanas sobre la admisibilidad o no de un recurso de protección presentado por Moraga. En caso que el máximo tribunal le dé luz verde, la tramitación podría prolongarse por otros 12 meses.

En paralelo, la propia Corte Suprema confirmó la admisibilidad de la demanda colectiva presentada por el Sernac en abril del año pasado en contra de la empresa SCA, la otra involucrada en el caso de colusión con CMPC, luego que la firma sueca descartara participar en la mesa negociadora

TC se involucra en los temas económicos

Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) sesionó y analizó el proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), eliminando las facultades normativas y sancionatorias de dicho organismo. Esta decisión, que aún no se oficializa en la redacción final del fallo, abrió el debate sobre qué tan amplio es el poder del TC, que este año se ha involucrado en varios temas económicos. A lo largo del 2017, la entidad constitucional examinó tópicos tan distintos como las multas en el caso Cascadas, quién debe pagar las costas en la judicialización de los planes de las Isapres, los servicios mínimos de las empresas en caso de huelga en el marco de la reforma laboral -donde también visó previamente aspectos como la titularidad sindical y la extensión de beneficios- e incluso hizo un inédito pronunciamiento sobre cómo interpretar la disposición constitucional que impide a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado, lo que estaba trabando el financiamiento de las campañas políticas.

¿Qué pasó con el TC? ¿Es un nuevo actor económico? El constitucionalista Patricio Zapata considera que algo que explica esta “jurisprudencia más novedosa” del TC es el hecho de que “existe una mayoría de dicha magistratura dispuesta a darle un uso intensivo y extensivo a lo que se conoce como el principio o test de proporcionalidad”. En simple: que hoy permea más la idea de que el TC “puede, y debe revisar de manera muy estricta los medios escogidos por el legislador para lograr algún objetivo de bien público”.

Espionaje en la Sofofa a días de la elección de Bernardo Larraín

A comienzos de año, Bernardo Larraín Matte y Rodrigo Álvarez prometían una carrera ajustada para llegar a la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Pero a menos de tres semanas de la elección del 31 de mayo el ex diputado y ex ministro de Energía bajó su candidatura. Bajo apoyo y la presión de los grandes grupos económicos habrían sido las razones para que Álvarez tomara la decisión.

Lo que parecía un camino tranquilo de Larraín Matte a la presidencia tuvo un inédito episodio. A cinco días de la elección se destapó un caso de presunto espionaje que afectaba a la Sofofa. Esta trama comenzó a tejerse cuando el director de Carozzi y vicepresidente de los industriales, José Juan Llugany, recibió la confirmación de la empresa de espionaje Profacis, cuyo dueño es el ex carabinero Rubén Zito Aros, que su oficina había sido intervenida con un micrófono. La teoría del espionaje industrial fue descartada rápidamente por Carozzi y los ojos apuntaron a las oficinas de Sofofa. En la entidad también contrataron los servicios de Profacis con los mismos resultados. El edificio de Andrés Bello 2777 estaba intervenido, según Aros.

Sin embargo, las indagatorias del caso, lideradas por la Fiscalía Metropolitana Oriente, tienen como principal sospechoso al propio Rubén Zito Aros. Según un informe de la PDI, habría sido él mismo quien instaló los micrófonos. Las diligencias del Ministerio Público seguirán en enero con las declaraciones en calidad de testigos del director internacional de Sofofa, Manuel José Prieto, y el ex vicepresidente, Gastón Lewin.


Fuente: El Mercurio