Diez tendencias sobre el empleo público en Chile
01.03.2018

Con el objetivo de generar un diagnóstico sobre las principales tendencias del empleo en el Gobierno Central en el período 2007-2016, Rodrigo Balbontín, Jorge Rodríguez y Alex Seemann, de la Dipres, elaboraron un informe que identifica diez puntos.

Las tendencia encontradas son las siguientes: 

El Gasto público en personal se ha mantenido constante como porcentaje del gasto total

El gasto promedio en personal entre los años 2007 y 2016 fue de un 19,8% respecto del gasto total, fluctuando entre un máximo de 20,2% en 2013 y un mínimo de 19,2% en 2008 y 2009. Si bien el gasto del Gobierno Central destinado a personal ha aumentado un 85% real en el período, se verifica que este crecimiento ha ido a la par con el del gasto total. Por tanto, no ha existido una desproporción del gasto en personal, lo cual no obsta que puedan realizarse reformas que generen ganancias de eficiencia en este ámbito.

La cantidad de trabajadores del Gobierno Central ha aumentado de manera sostenida, tanto en términos absolutos como en relación al tamaño de la población. 

Incluyendo al personal en dotación y a honorarios, entre los años 2007 y 2016 la cantidad de trabajadores del Gobierno Central aumentó de 202.896 a 296.080. Asimismo, la cantidad de funcionarios civiles del Gobierno Central por cada 100.000 habitantes aumentó de 1.229 a 1.628 en dicho período. 

Con todo, el porcentaje de los ocupados que se desempeñan en el Gobierno Central se mantuvo prácticamente constante, representando un 2,8% del total del país. Por tanto, es posible establecer que el aumento en la cantidad de trabajadores públicos ha estado en línea con la evolución del total de ocupados en el país, aunque ha aumentado en mayor proporción que la población. 

Las remuneraciones en el sector público han tenido un aumento sostenido, por sobre el del resto de la economía.

En el período 2007-2016 las remuneraciones promedio del Gobierno Central crecieron más que Índice General de Remuneraciones elaborado por el INE y que el Ingreso Mínimo Mensual que afecta a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Esto se explica en parte por los reajustes generales de remuneraciones del sector público legislados cada año, a los que se suman variadas negociaciones sectoriales. A futuro, más allá de la dinámica de negociación que determina los resultados del reajuste general anual, es pertinente tener en consideración análisis de brechas remuneracionales que pudieran sugerir esfuerzos diferenciados orientados a la atracción y retención de profesionales y técnicos en servicios específicos del sector público.

Las remuneraciones más bajas del sector público han tenido una mayor tasa de crecimiento.

El aumento de las remuneraciones de los trabajadores del Gobierno Central entre 2007 y 2016 ha repercutido en un cambio en la distribución del personal por tramos de remuneración.

Así, mientras que en 2007 un 38,5% de los trabajadores percibía $500.000 o menos al mes (en pesos de 2016), en el año 2016 este grupo representaba solo un 13,8%. Esto se explica en parte importante por la política explícita aplicada a partir de 2015, de reajustar las rentas mínimas en más que el doble en promedio que el reajuste general. A la vez, las rentas máximas fueron excluidas del reajuste general en los años 2015 y 2016, con lo que la razón entre la remuneración máxima con respecto a la mínima del Gobierno Central pasó de 35,8 a 26,4 en el período. En este sentido, a futuro las políticas de reajustes deben conciliar la búsqueda de mayor equidad en las remuneraciones del sector público, con los debidos incentivos para atraer y retener a personal calificado.

Los trabajadores con calidad jurídica de contrata han aumentado de manera sostenida, contrastando con la disminución de los funcionarios de planta.

En 2007 había un total de 88.366 trabajadores a contrata, los cuales aumentaron en un 84% al año 2016, totalizando 162.360. En contraste, los trabajadores de planta pasaron de 87.119 a 83.141 en igual período. Así, los trabajadores a contrata pasaron de representar un 43,6% del total en 2007, a un 54,8% en 2016; mientras que los trabajadores de planta cayeron de un 42,9% a un 28,1%. Esta tendencia amerita una reflexión en profundidad respecto del modelo de empleo público necesario para el futuro desarrollo del país, considerando características como estabilidad y flexibilidad, que concilie adecuadas condiciones laborales con incentivos para prestar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos.

La cantidad de trabajadores a honorarios en jornada completa se ha mantenido relativamente constante como porcentaje del total de trabajadores del Gobierno Central.

La participación relativa de los trabajadores a honorarios en jornada completa ha oscilado entre un 8% y un 10% en el período 2007-2016. 

En la actualidad se ha llegado a un consenso sobre que este tipo de trabajadores, que realiza labores habituales en un servicio público, no debe contratarse mediante honorarios, tipo de contratación que solo debiera usarse para cometidos no habituales y que no estén bajo subordinación ni dependencia. 

En esta línea, a partir de 2015 se inició un plan de traspaso a la contrata de este tipo de trabajadores, totalizándose más de 13.500 traspasos al año 2017. Adicionalmente, las leyes de Presupuestos desde 2016 en adelante han establecido límites máximos a la cantidad de personal a contratar mediante honorarios para cada servicio. Es pertinente que estas políticas no se descontinúen, para lograr en el mediano plazo que no existan trabajadores a honorarios en el Gobierno Central ejerciendo labores habituales.

Existe un fuerte crecimiento del estamento de profesionales en el Gobierno Central, en contraste con la caída del peso relativo de los estamentos de administrativos y auxiliares.

El grupo de trabajadores del estamento de profesionales pasó de 63.310 a 110.046 entre 2007 y 2016, lo que representa un aumento de 74%, con un crecimiento promedio anual de 6%. En contraste, los trabajadores de los estamentos de administrativos y auxiliares han tenido una disminución relativa en el período. Esta tendencia muestra una importante profesionalización de la función pública, la que posiblemente responde a políticas de incentivo para la atracción de este tipo de funcionarios, particularmente, a las asignaciones para el personal que alcance este nivel de estudios. Es importante analizar si esta tendencia, que aparece como algo destacable, se relaciona o no con la prestación de mejores servicios a la ciudadanía; y a la vez, es necesario evaluar que no se esté contratando a personal sobre calificado para ciertas labores en determinados servicios públicos.

La Región Metropolitana concentra la mayor proporción de trabajadores del Gobierno Central, tendencia constante y consistente con la distribución de población del país.

La Región Metropolitana concentra la mayor proporción de trabajadores en todo el período analizado, pero dicha proporción ha tenido una leve aunque sostenida disminución, pasando de 41,8% en 2007 a 39,4% en 2016. Con todo, es necesario notar que la concentración de funcionarios en la Región Metropolitana está en línea con la concentración demográfica que tiene el país.

Las mujeres representan la mayor proporción de los trabajadores del Gobierno Central, con un peso relativo que además aumenta sostenidamente.

Entre los años 2007 y 2016, el peso relativo de la participación femenina en el Gobierno Central aumentó sostenidamente, pasando de 56,5% a 58,2%. Así, se destaca que la participación laboral femenina es más significativa en el Gobierno Central que en el sector privado. Con todo, esto no significa que no existan importantes desafíos en materia de equidad de género en el empleo público.

 

Las mujeres han aumentado su proporción en el estamento profesional del Gobierno Central, pero no así en el estamento directivo.

En el período 2016-2017 se verifica que aumentó la participación femenina en los estamentos de profesionales y de auxiliares, manteniéndose constante en el resto de los estamentos. Especial atención debe ponerse a que la participación femenina se ha mantenido en torno al 42% del total de directivos del Gobierno Central, a pesar que en 2016 representan el 56,6% de los profesionales.

Por tanto, persiste el desafío de diseñar y aplicar políticas de equidad de género, de manera que una mayor proporción de mujeres llegue a los niveles de más alta jerarquía del Gobierno Central.

Finalmente, se indica que la edad promedio de los trabajadores del sector público fue de 42 años, tanto en 2012 como en 2016. Es esperable que en los próximos años se produzca una variación a la baja, considerando que en los últimos años se aplicó una activa política de planes de incentivo al retiro, aprobándose leyes sobre la materia con vigencia hasta el año 2024 (entre ellas, la ley N°20.921, que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios de los Servicios de Salud; la ley N°20.948, que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del Gobierno Central, ambas de 2016; y la ley N°21.003, que extiende los beneficios de la ley N°20.948 a los funcionarios de la JUNJI, de 2017).


Fuente: Estrategia