A contrar del 1 de abril:
Más de 11 mil trabajadores de empresas públicas negociarán en 2017 bajo nueva ley laboral
19.03.2017

La estrechez de las arcas fiscales y la negociación de los servicios mínimos ante eventuales huelgas, aparecen como los principales focos de conflicto que podrían desencadenarse entre los sindicatos y los directivos de las firmas estatales.  


El escenario parece no ser muy auspicioso. La escuálida billetera fiscal, producto de la desaceleración de la economía chilena y la caída en el precio del cobre, junto a la negociación de los servicios mínimos -uno de los ejes principales de la reforma laboral- asoman como los factores de conflicto que marcarán las negociaciones colectivas que bajo la nueva legislación laboral deberán enfrentar más de 11 mil trabajadores de empresas públicas durante 2017.

Los trabajadores de las empresas en que el Estado posee algún porcentaje de la propiedad pueden negociar colectivamente, ya que sus relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo, a diferencia de los funcionarios directos de la administración del Estado (ministerios, poder judicial y legislativo, municipalidades, etc.) que la ley les impide negociar de forma reglada, es decir, no tienen derecho a huelga.

Según datos entregados por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), son seis las firmas con capitales estatales que negociarán con algunos de sus sindicatos a partir del 1 de abril: Empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE), Casa de Moneda, Zona Franca de Iquique (Zofri), Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada (Sasipa), Empresa Portuaria de Coquimbo y Empresa Portuaria Austral.

En este listado no se incluye a la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro, que pese a culminar su anterior contrato colectivo en agosto de este año, el sindicato unificado de la firma -que reúne a más de 1.100 trabajadores- y el directorio de la compañía decidieron adelantar la negociación y llevar adelante un proceso no reglado que se iniciará mañana, es decir, bajo la antigua legislación (ver recuadro).

Firmas que no forman parte del SEP también enfrentarán procesos de negociación colectiva reglada, como BancoEstado. El sindicato único representa a 9.719 funcionarios, transformándose en la más importante que enfrentará el Estado durante el presente año.

A estas se suman las que vivirán la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y algunas de las divisiones de Codelco como El Teniente, Salvador y Ventanas.

Apretada billetera fiscal influirá en negociaciones

La mayoría de los sindicatos de empresas públicas que negociarán a partir del próximo 1 de abril se encontrarán con un primer escollo: los límites impuestos por el Ministerio de Hacienda.

En junio de 2014, la cartera dirigida en ese entonces por Alberto Arenas, emitió un par de circulares (Nro. 17 y 18) dirigidas a los directorios de las empresas del SEP y otras firmas con propiedad estatal, fijando los parámetros para enfrentar las negociaciones.

Entre los principales lineamientos del documento figura que los costos totales del nuevo contrato colectivo no podrá aumentar más de 1% real (sobre el IPC) promedio anual. Del mismo modo, sugiere que las empresas, en las que sus utilidades hagan exigible el derecho a pago de la gratificación legal, procuren ocupar la alternativa que permite entregar un tope anual de 4,75 ingresos mínimos mensuales. El escrito advierte además que este beneficio no debe pagarse por mensualidades, a fin de no alterar la base de cálculo de indemnizaciones por años de servicio.

“El financiamiento de la negociación colectiva no debe afectar el traspaso de utilidades al fisco ni comprometer de manera relevante el patrimonio de la empresa”, señala la circular.

Este documento estuvo en el ojo del huracán a propósito del pago de un bono de término de conflicto por $6,3 millones a los trabajadores de BancoEstado, el más alto de la historia de la entidad bancaria, que finalmente marcó la salida de su presidente Guillermo Larraín. Su puesto fue ocupado por el economista Jorge Rodríguez Grossi, quien este año deberá llevar adelante el proceso (ver recuadro).

Pese a que estos instructivos mantienen su validez, de acuerdo a la información entregada por el SEP, desde Hacienda adelantaron que están coordinando un nuevo marco de instrucciones a los directores de las empresas públicas que derivarán en la actualización de dicho documento y que será dado a conocer en los próximos días.

Servicios mínimos: el otro escollo

La inclusión de los servicios mínimos en la nueva legislación laboral también promete ser un punto de discordia entre empresas y trabajadores. De acuerdo a la nueva ley, los sindicatos y empleadores deberán acordar, previo a la negociación colectiva, cómo se conformarán los equipos necesarios para proteger los bienes e instalaciones de la empresa en caso de huelga; además de garantizar la prestación de servicios básicos para la población.

Si no hay acuerdo entre las partes sobre la conformación de estos equipos, la Dirección del Trabajo deberá zanjar las diferencias. En este punto surgen las aprensiones de los sindicatos.

Para la definición de los servicios mínimos, la Dirección del Trabajo (DT) debía licitar estudios para 19 áreas productivas, considerando las particularidades de cada una de ellas. Este proceso culminó en los últimos días, aunque desde la entidad dirigida por Christian Melis no entregaron fechas para conocer los primeros resultados. Hasta ahora, los estudios más avanzados corresponden a seis sectores: construcción, minería, enseñanza, salud y asistencia social, información y comunicaciones, actividades financieras y seguros.

La demora que se ha generado en la elaboración de estos informes pone trabas para que empresas y sindicatos puedan alcanzar acuerdos en esta materia. Esto, considerando que la ley explicita que el inicio de las conversaciones para calificación de los servicios mínimos debe comenzar 180 días previos al vencimiento de los contratos vigentes.

Además, en los sindicatos consultados temen que, en caso de llegar a esa instancia, se provoque un “cuello de botella”, principalmente en las oficinas de Santiago, considerando que la DT ha capacitado a 50 funcionarios para esta labor en todo el país, de los cuales solo 9 ejercen en la Región Metropolitana.

Negociaciones en Codelco se darán en escenario de recuperación del precio del cobre

Cinco sindicatos de Codelco, que agrupan en su conjunto a 1.252 funcionarios pertenecientes a tres divisiones (El Teniente, Radomiro Tomic y Ventanas), enfrentarán procesos de negociación colectiva durante 2017, bajo la nueva legislación laboral.

En un escenario de recuperación del precio del cobre -y mientras se desarrolla la paralización en Minera Escondida- desde la empresa dirigida por Óscar Landerretche esperan que los funcionarios de Codelco ajusten sus solicitudes a los parámetros establecidos en las últimas seis negociaciones, en las cuales los trabajadores aceptaron un nulo reajuste de sus remuneraciones y bonos por términos de conflicto un 60% menor a los obtenidos anteriormente. “Confiamos que ese sea el espíritu que nos acompañe en los procesos de este año”, plantean desde la cuprera.

Si bien el alza que ha experimentado el metal rojo en los últimos meses mejora las expectativas para el mediano plazo, la compañía enfrenta uno de los mayores desafíos financieros de su historia, con una cartera de inversiones de US$18.000 millones y un nivel de deuda históricamente alto. “Este escenario, a pesar del precio, nos exige seguir siendo rigurosos y cuidar los recursos”, afirman desde la empresa.

Respecto de los efectos de la reforma laboral en las próximas negociaciones, desde Codelco revelan que en enero sostuvieron reuniones informativas con la DT para precisar los alcances legales establecidos en la reforma respecto de los servicios mínimos. “Hemos establecido con las divisiones un itinerario para analizar y acordar con nuestras organizaciones sindicales los servicios mínimos”.

Consultado por las expectativas en torno a estos procesos, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y miembro del directorio de la estatal, Raimundo Espinoza, se limitó a decir que hasta ahora no han visto en profundidad el tema y que recién será analizado en el próximo congreso nacional de la entidad a realizarse en abril.

BancoEstado: Mantención de la cadena de pagos en caso de huelga en el centro de la discusión

Los primeros días de marzo se concretó una reunión entre los dirigentes del sindicato único de trabajadores de BancoEstado y la gerencia de relaciones laborales de la entidad bancaria con el objetivo de acercar posiciones en torno a lo que se espera sea el punto más álgido previo a la negociación colectiva de noviembre: la definición de los servicios mínimos.

Y las posiciones a poco más de dos meses de iniciar en junio la negociación formal por servicios mínimos parecen alejadas. “Entendemos que los servicios mínimos son aquellos que resguardan la infraestructura básica de la empresa, y no se refiere a resguardar toda la cadena de pagos, como se ha pretendido instalar en el sector bancario. (...) La reforma laboral venía a resguardar el derecho a huelga efectivo. Ese era el espíritu de la ley”. Así de tajante es el presidente del sindicato de BancoEstado, Marco Veas.

La visión del líder de la organización que representa a 9.719 funcionarios -es decir, alrededor del 97% del total de la planta de la empresa- difiere de la del presidente de BancoEstado, Jorge Rodríguez Grossi.

Consultado por “El Mercurio”, el economista se mostró partidario de que la banca mantenga el sistema de pagos durante una huelga. “Los bancos manejan dineros que no son nuestros, son de nuestros clientes. No tenemos derecho a impedir que las personas usen esos recursos. Esto debiera influir en las normas que se dicten en materia de servicios mínimos”, afirma el ejecutivo que dijo estar a la espera del pronunciamiento que realice la DT y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (SBIF), insumo clave para el futuro de la negociación.

El bono millonario

La negociación que se llevará adelante en BancoEstado estará marcada además por la polémica entrega del millonario bono de término de conflicto del 2015. Desde el sindicato acusan que ese episodio fue utilizado como excusa de los detractores de la reforma laboral para torpedear el proyecto que se discutía en ese momento en el Congreso.

“El impacto del bono de término fue bastante más acotado de lo que se presentó en dicha oportunidad, por varias razones. Primero, el bono se paga por una vez y se prorrateó durante los 27 meses del contrato colectivo. En segundo lugar, se debe calcular teniendo como piso el bono recibido en la negociación anterior. Por último, los estados de resultados del banco en ese año demostraron que las utilidades antes de impuestos crecieron cerca de 14%, lo que desmiente el impacto negativo de la negociación colectiva”, asegura Veas.

El dirigente, además, aclara que nunca las negociaciones en el banco se han regido por los parámetros impuestos por Hacienda. “Todas las negociaciones han culminado con un crecimiento global de nuestro contrato superior al 1% anual”, dice Veas, quien agrega que en esta negociación el escenario de estrechez fiscal que ha acusado el gobierno les “pasa por el lado”.

“Los estándares de crecimiento que han tenido las utilidades de la banca, y en especial la de BancoEstado, son óptimos. El banco está en muy buen pie económico y financiero, y eso es auspicioso para proyectar la próxima negociación colectiva”, asevera.

Con todo, Rodríguez Grossi espera que pese a lo ocurrido hace dos años, la próxima negociación no sea noticia. “La ley y las buenas costumbres nos dicen que es perfectamente legítimo que los trabajadores a través de sus sindicatos se detengan un instante a conversar con quienes administran sus remuneraciones. No debiera ser traumático”, sostiene.

“Este banco maneja dineros que son de nuestros clientes. No tenemos derecho a impedir que las personas usen esos recursos, y eso debiera influir en las normas que se dicten en materia de servicios mínimos”.Jorge Rodríguez Grossi Presidente de BancoEstadoMetro: Más de 1.100 trabajadores adelantan negociación para evitar efecto de la reforma laboral

Mañana se inicia la negociación colectiva no reglada de los trabajadores del Sindicato Unificado de Metro y la directiva de la empresa, luego que ambas partes decidieran adelantar la negociación que se debía realizar en agosto de este año, decisión que, en parte, se explica por la entrada en vigencia de la reforma laboral.

“Sabíamos que habría una exigencia de servicios mínimos y no sabíamos cómo iban a resultar y cómo podrían complicar la negociación. Al menos para esta oportunidad, era mejor que esperáramos cómo se daba este tema en el resto de los sindicatos y ahí entrar al juego”, explicó el presidente de la entidad sindical, Jorge Luis Donoso.

El también conocido como Sindicato 7 -tras la fusión de los sindicatos 3 y 4- reúne a trabajadores de áreas operativas, incluyendo al 100% de los conductores de trenes. Además, suma a supervisores, encargados de mantenimiento y vigilantes. En total son 1.100 funcionarios, que representan alrededor de un tercio del total de la planta de la firma estatal.

El dirigente plantea que negociar por adelantado les permite conversar tranquilamente con la empresa. “Cuando llegas a la (negociación) reglada tienes tiempos rígidos. Esta es una oportunidad para ir delineando otras materias con mayor tranquilidad antes de llegar a negociar los reajustes salariales”.

El proyecto de convenio colectivo considera un alza real de las remuneraciones (sobre el IPC) de 2% en el primer año de vigencia del convenio y de 2,5% en el segundo año. Además un bono de término de conflicto de $2,5 millones líquidos.

La cifra se ubica por encima de los parámetros que, hasta ahora, ha impuesto Hacienda, lo que asegura una instancia de discusión con la empresa, “Los trabajadores siempre vamos a esperar más que el 1%, que es muy restrictivo. Creemos que debemos presionar al Gobierno, al Estado, de que estas restricciones no son lógicas para las empresas”, afirma.

El proyecto de convenio colectivo también busca una homologación de los distintos contratos que existen para un mismo cargo.

Dicho documento fue elaborado en los últimos cinco meses, por lo que se vio cruzado por el escándalo surgido por el mal uso de los recursos del Fondo de Bienestar de la empresa por un monto en torno a los $364 millones y que culminó con el despido de 139 trabajadores.

Consultada por “El Mercurio”, la empresa evitó referirse al proceso.

Carlos Agurto L. 


Fuente: El Mercurio