Este grupo vería mermada su capacidad de ahorro para hacer APV:
Cotizantes de ingresos medios y medio altos serán los más afectados por la propuesta de pensiones
23.04.2017

La iniciativa del gobierno no solo considera el aumento de 5% de cotización, sino que también subir el tope imponible, de $2 millones a $3 millones en las remuneraciones. Por ello, unos 295 mil cotizantes a los que afectará este aumento aportarán hasta 7,5% más que ahora. Un parte de ese dinero irá a cuentas personales y otra fracción al pilar de ahorro colectivo.  


Miércoles 12 de abril, cadena nacional, habla la Presidenta Bachelet, y pone fin al misterio: todos los chilenos que trabajan como dependientes deberán aportar cinco puntos porcentuales extras de ahorro previsional con cargo a su empleador, y de esa contribución, tres puntos irán a una cuenta personal y dos a un seguro de ahorro colectivo. Y todo eso será administrado por una entidad estatal, si el Congreso así lo aprueba.

Por ejemplo, los cotizantes que ganan hasta $2 millones mensuales brutos -que es el actual tope imponible del sistema de pensiones- ya no solo ahorrarán para sus futuras pensiones el 10% de sus ingresos (equivalentes a $200 mil mensuales), sino que el 13%; es decir, $260 mil cada treinta días. Pero, además, deberán contribuir con dos puntos de su sueldo (equivalentes a $40 mil mensuales) para el pilar de ahorro colectivo. En total, esos cotizantes destinarán $300 mil mensuales al sistema previsional, sin considerar el pago de comisiones por la administración y gestión de esos fondos.

Hasta ahí, todo claro y parejo para todos los cotizantes. Pero el anuncio de la Presidenta también incluye un incremento del tope imponible, el que pasará de los actuales $2 millones a $3 millones mensuales, que solo afectará a un universo de 295 mil personas de ingresos medios y medio altos que están en este tramo, según estimaciones elaboradas con datos del Seguro de Cesantía.

Esto significa que los cotizantes que estén en ese tramo de ingresos tendrán que contribuir con más recursos no solo porque aumentará la tasa de cotización (5 puntos adicionales), sino también porque el nuevo tope imponible que se les aplicará les elevará la base sobre la que se calculan las cotizaciones.

Si la propuesta presidencial prospera, un cotizante que tiene un salario bruto de $3 millones -equivalentes a $2,4 millones líquidos mensuales- pasará de cotizar $200 mil mensuales -que es el 10% de su actual tope imponible- a contribuir con $450 mil mensuales: $390 mil serán para su cuenta personal y $60 mil irán a dar al pilar solidario (ver infografía).

Visto de este modo y en términos prácticos, ese cotizante aportará $250 mil adicionales a lo que ahorra hoy, monto que representa 7,5% adicional respecto de su actual tope imponible (4,5% para su cuenta personal y 3% para el pilar de ahorro colectivo), y no solo el 5%.

Para los cerca de 136 mil cotizantes que tienen una renta mensual superior a los $3 millones, estos cambios también los afectarán, pero solo hasta el nuevo tope imponible.

Según el economista Bernardo Fontaine, el Gobierno decidió subir el tope imponible no porque quiera que ese segmento ahorre más, sino porque de otro modo los cinco puntos porcentuales de mayor cotización no le alcanzaban para financiar su reforma.

Una de las externalidades negativas de esta medida -apunta el economista- es que al subir el tope imponible para los segmentos medios se afectará gravemente la capacidad de ahorro voluntario de estos cotizantes: “Hay un manejo del lenguaje (...) El aumento del tope imponible se vende como una necesidad de aumentar el ahorro (en los segmentos medios), pero si a esas personas las obligan a cotizar en el ente estatal, ya no van a hacer Ahorro Previsional Voluntario”.

Aumento del tope imponible podría afectar la renta líquida en el largo plazo

Lo más complejo de este escenario -agrega- es que el aumento del tope imponible que propone el Gobierno afecta proporcionalmente más a los segmentos medios -que son los que suelen trabajar como dependientes y que están obligados a cotizar en el sistema de pensiones- que a los grupos de más altos ingresos, que suelen buscar otras fórmulas de ahorro e inversión.

Además, aunque el anuncio de la Presidenta es que estos aumentos de cotización serán con cargo a los empleadores, en el largo plazo el costo se terminaría traspasando, en gran parte, a los empleados, por la vía de menores reajustes salariales.

Para Fontaine, la solución más razonable sería abordar el tema por la vía de la racionalización de gastos en el sector público -como pasajes y viáticos, por ejemplo- y reasignación de prioridades presupuestarias. Con los US$ 1.000 millones que se van a destinar para expandir a la gratuidad universitaria, se pueden aumentar las pensiones básicas solidarias en 60%, según estimaciones del economista.

¿Resultaría más progresivo emprender una nueva reforma tributaria y financiar todo esto con impuestos generales, y no poner la mayor carga en los segmentos medios y medio altos?

Según el ex integrante de la Comisión Bravo Andras Uthoff, no hay suficiente evidencia para afirmar algo así: “El gobierno no desea hacer otra reforma tributaria, pero sí cambiar los topes del ingreso imponible para el ahorro previsional. (Saber) cuál de las alternativas es más regresiva demanda de un estudio serio”, afirma.

El economista agrega que los afiliados de altos salarios, que son los que suelen hacer ahorro voluntario, gozan de beneficios tributarios que son discutibles: “Nunca han cotizado el 10% de su ingreso, sino que el 10% de su ingreso hasta el tope. El resto lo han hecho con subsidios del Estado (beneficios tributarios). Eso ha sido por años muy regresivo”, afirma.

Las cotizaciones voluntarias permiten que el afiliado deposite en su cuenta de capitalización individual un porcentaje de su renta, adicional al 10% obligatorio. Los afiliados pueden cotizar con exención tributaria, pero con un tope de hasta 50 unidades de fomento mensuales, equivalentes a $1,3 millones.

Este grupo podría aportar US$ 272 millones al año para el pilar solidario

Según cálculos basados en las cifras del Seguro de Cesantía, 295 mil cotizantes tienen rentas imponibles de entre $2 millones y $3 millones mensuales.

Si se asumiera -en un ejercicio teórico- que la remuneración promedio de ese grupo es de $2,5 millones, aportarían al Estado unos US$ 408 millones anuales para las cuentas personales construidas con el 3% y unos US$ 272 millones al año para el pilar solidario construido con el 2%. En total, el ente estatal recaudará de ese segmento recursos totales por unos US$ 680 millones.

Pero, además, como el aumento del tope imponible también se aplicará al 10% de ahorro de cuentas individuales que van a las AFP, estas administradoras obtendrán ingresos por cobro de comisiones en este segmento de unos US$ 167 millones al año, lo que representa un alza de US$ 33 millones. Esto, porque las comisiones también se calculan como un porcentaje de las remuneraciones imponibles.

SI LA PROPUESTA PRESIDENCIAL prospera, un cotizante que tiene un salario bruto de $3 millones -equivalentes a $2,4 millones líquidos mensuales- pasará de cotizar $200 mil mensuales a contribuir con $450 mil mensuales: $390 mil serán para su cuenta personal y $60 mil irán a dar al pilar solidario.

Carlos Agurto y Pablo Obregón 


Fuente: El Mercurio