Según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento:
Solicitudes de quiebra de personas se incrementan 183% y las de empresas, en 80% en primer trimestre del año
23.04.2017

La desaceleración económica y el mayor conocimiento del sistema asoman como los principales motivos de este aumento. 


El extenso periodo de desaceleración económica que enfrenta el país ya tiene sus primeros damnificados. A la precarización del mercado laboral -con un fuerte incremento de los trabajadores por cuenta propia- se suma el aumento de las empresas y personas que han requerido la liquidación de sus bienes para hacer frente a las deudas que enfrentan. Es decir, han solicitado su quiebra.

Según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), durante los primeros tres meses del año los procesos de liquidación de empresas y personas, ingresados y declarados admisibles, aumentaron respecto al mismo periodo de 2016.

En el caso de liquidación de empresas, en la primera parte de 2017 habían ingresado 194 procesos, versus los 108 acogidos a tramitación entre enero y marzo del año pasado. Esto representa un incremento de 80%. En el caso de las quiebras de personas, la entidad fiscalizadora contabilizaba el ingreso de 416 procesos en el primer trimestre, lo que se traduce en un incremento de 183% al compararlo con los 147 casos admitidos en 2016 (ver infografía).

“Si una empresa o persona entra a liquidación de activos, es porque no ve chance de reorganización”, asegura el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. El economista fue uno de los impulsores de la ley, y como conocedor de la misma, asegura que siempre se pensó que la primera opción de una persona o empresa fuera la reorganización.

Reorganización de empresas anota disminución

El proceso de renegociación o reorganización de la persona o empresa deudora es el método que permite acordar con sus acreedores el pago de una parte o el total de la deuda, sin que exista la necesidad de liquidar todos sus bienes. El ingreso de solicitudes para iniciar este trámite, en el caso de personas, anotó una leve alza en el periodo enero-marzo de 2017 respecto a 2016. Mientras el año pasado los casos admitidos alcanzaban los 221, durante el actual periodo subió a 244, es decir, 10% más.

En tanto, las solicitudes de reorganización en empresas cayeron 43% este año, ya que en el primer trimestre ingresaron solo ocho requerimientos, versus los 14 de 2016.

Por esta razón, Flores -actual economista jefe de la empresa FXone-, plantea que el proceso de desaceleración económica del país explica, en gran parte, el fuerte incremento de las solicitudes de liquidación. “Cuando la economía empieza a crecer menos no desata inmediatamente un alza en estas solicitudes, sino que se va produciendo un fenómeno acumulativo en el tiempo. Dado que vamos a completar cuatro años de bajo crecimiento económico, ese efecto lleva a que, para una empresa o persona con problemas, esa situación se haga insostenible”, afirma.

La ex autoridad va más allá y explica que si el bajo crecimiento hubiese sido un hecho puntual, este fenómeno no se hubiese reproducido con tanta fuerza. “En este periodo la empresa fue acumulando deudas, sus ventas fueron decayendo, trató de hacer los esfuerzos para reorganizarse y no fue capaz de hacerlo. Esto (la solicitud de liquidación) es el epílogo”, afirma.

El superintendente de la Superir, Hugo Sánchez, tiene otra visión. “Es esperable que en un comienzo se reciban más procesos, en atención al tiempo que lleva la ley. Este aumento exponencial se puede atribuir al mayor conocimiento de la normativa por parte de la ciudadanía, lo que puede ir en línea con la socialización que hemos realizado como institución”. Respecto a lo que ocurre con las empresas, asume que éstas han preferido enfrentar su situación de iliquidez y utilizar las vías formales de solución, “antes que simplemente bajar la cortina”.

Solicitudes de liquidación suben fuerte en regiones: Biobío lidera en personas

El incremento en el ingreso de procesos de liquidación de empresas a nivel nacional se explica por un aumento importante en algunas regiones del país. Por ejemplo, las regiones de Los Lagos (700%), Valparaíso (300%) y Coquimbo (250%) fueron las que registraron la variación más importante, aunque en número absoluto, los procesos todavía son pocos si se comparan con la Región Metropolitana, donde se aceptaron 87 casos, que representaban el 45% del total a nivel país. En la capital, subieron 34% las solicitudes de liquidaciones de empresas.

En cuanto a liquidaciones de personas deudoras, la región del Biobío encabeza el alza, con 730%, y 83 casos a marzo de este año. Luego le siguen La Araucanía y O´Higgins; anotan alzas por sobre el 600%, pero con menos casos.

“En estas regiones, hemos observado que existe una mayor difusión de la normativa que ha incrementado el número de procesos e incentivado a las empresas a transparentar su situación de insolvencia, y enfrentarla. Además, se debe considerar que un número importante de los procedimientos de liquidación de empresas corresponden a personas que tributan en segunda categoría”, explica Sánchez.

Alza de requerimientos pone a prueba al nuevo sistema

Este incremento en las solicitudes de liquidación también pone a prueba la capacidad de la Superir para dar solución a estos casos. Así al menos lo cree Tomás Flores, quien sostiene que una de las cosas que motivó la creación de la nueva ley fue el mejoramiento a los tiempos de tramitación de las solicitudes de quiebra. “En el sistema antiguo podrían llegar a demorarse casi cinco años. Durante ese tiempo, todos los activos de la empresa y los sueldos de los trabajadores quedan congelados. Una de las ventajas del cambio es que todo este proceso sería mucho más rápido. Es importante ver si la actual estructura de la Superintendencia es capaz de procesarlo”, señala.

Sin embargo, el superintendente cree que la institución está respondiendo bien a la mayor demanda, aseverando que, desde el inicio de la ley a la fecha, han incrementado su dotación en regiones, con el fin de ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, difundir los procedimientos y fiscalizar los procesos a nivel nacional. “Estamos trabajando en una política de fiscalización basada en riesgo, la cual permitirá a la Superintendencia actualizarse en materia de buenas prácticas de instituciones fiscalizadoras y aprovechar al máximo los recursos humanos, así como en la optimización y mejora de nuestros procesos de atención”, agrega.

PERSONAS que pidieron renegociar aumentaron 10% en el primer trimestre.

Carlos Agurto L.  


Fuente: El Mercurio