Desde el 1 de abril regirán los cambios que se introdujeron al Código del Trabajo:
A 4 meses del inicio de la reforma laboral, DT solo ha emitido dos dictámenes y tiene apenas seis personas para evaluar servicios mínimos
27.11.2016

Desde cómo funcionarán los grupos negociadores hasta la definición de empresas estratégicas están pendientes. En el empresariado advierten que las preocupaciones y dudas van más allá de las materias que tiene programado aclarar la Dirección del Trabajo.  


Quedan prácticamente cuatro meses para que comience a regir la reforma laboral y las empresas se encuentran trabajando a toda marcha en la implementación práctica de un cambio que modificará, principalmente, la forma en que se desarrollarán los procesos de negociación colectiva y la relación entre las gerencias y la dirigencia sindical.

Hasta ahora, la Dirección del Trabajo (DT) ha emitido dos dictámenes -respecto de la vigencia de la ley y servicios mínimos- y antes de que finalice este año publicará cinco guías más en materias de negociación colectiva, derecho de información, huelga y reemplazo, extensión de beneficios y pactos especiales de trabajo.

Sin embargo, en las empresas advierten que las preocupaciones y dudas van más allá de esas materias y consideran que hay dos caminos para resolver estas ambigüedades. Uno, que el Gobierno se allane a avanzar en una “ley corta”, tal como lo propuso la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) apenas salió el fallo del Tribunal Constitucional que eliminó el concepto de titularidad sindical y como volvió a plantearlo esta cúpula gremial el jueves en la primera reunión con la nueva ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.

El segundo camino apunta a que la DT acelere el tranco en su rayado de cancha, pero que además amplíe los temas a abordar. De lo contrario, tanto empleadores como trabajadores anticipan que la reforma terminará en tribunales, ya que tal como quedó redactada, cualquiera de las partes podría usar la ley a su favor.

Un botón de muestra: para los principales gremios empresariales, todas las empresas pueden definir servicios mínimos antes de una negociación colectiva, y la dirigencia de los trabajadores considera que esto rige solo en casos excepcionales y que no puede ser una norma general.

Así ocurre en una serie de temas, lo que abre un gran espacio de dudas.

Once son los dictámenes que tiene previsto establecer la Dirección del Trabajo  antes de que comience a regir la reforma laboral. De acuerdo al cronograma del organismo, este mes se publicarán las guías sobre procedimiento de negociación colectiva reglada y derecho a información.

180 días antes del plazo legal en que comienza la negociación del contrato  o convenio colectivo, la administración de la empresa deberá definir -con acuerdo del sindicato- una lista de servicios mínimos.

4 Ministra Krauss descarta una ley para fortalecer la DT

A partir del 1 de enero del próximo año -tres meses antes de que comience a regir la reforma laboral-, la DT tendrá que comenzar a implementar la definición de los servicios mínimos en períodos de huelga.

La ley señala que 180 días antes del vencimiento de los contratos colectivos, los empleadores y empleados deberán pactar quiénes son los trabajadores que integrarán los equipos de emergencia que en caso de huelga deberán seguir trabajando. De no haber acuerdo entre las partes, será la DT la que deberá zanjar las diferencias. La duda que comparten las empresas y los trabajadores es si la DT será capaz de absorber esa avalancha de trabajo adicional sin que se fortalezca su dotación. Esto, porque cada año se producen 3.082 negociaciones colectivas a nivel nacional en distintos sectores productivos, y de ellas, 824 desembocan en huelgas. Eventualmente, en cada uno de estos procesos la DT debería pronunciarse.

La DT creó recientemente una unidad de Servicios Mínimos, pero su equipo es reducido, de apenas seis profesionales a nivel nacional, y para muchos representantes del mundo privado, su staff no dará abasto.

Según José Luis Ugarte, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, claramente todas o gran parte de las empresas pedirán servicios mínimos como estrategia negociadora y la DT no estará en condiciones de responder satisfactoriamente, a menos que fortalezca su dotación: “Por descarte, las empresas van a pedir servicios mínimos (...) Se prometió simplificar el procedimiento y lo que se hizo fue crear una prenegociación”, afirma el académico que, en esta materia, era partidario de un esquema de huelga sin ningún tipo de reemplazo.

Pese a estos temores, la entrante ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, descarta por ahora la presentación de un proyecto de ley que fortalezca la dotación de la DT: “por el momento se ha estimado que no es necesario (...) quisiera garantizarles tanto a empleadores como trabajadores que los funcionarios de la Dirección del Trabajo están absolutamente comprometidos y preparados para enfrentar los desafíos a contar del próximo primero de abril de lo que significa la implementación de las modificaciones que recibió el Código del Trabajo”, afirmó la nueva secretaria de Estado.

1 Fallo del TC sobre grupos negociadores aún no cuenta con un aterrizaje práctico

La principal temática que enciende luces de alerta es la ausencia de un procedimiento que regule la relación de los empleadores con los grupos negociadores, y así se lo expresó la CPC a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, en la primera reunión el jueves.

¿En concreto, qué aclaración demandan las empresas? El fallo del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la titularidad sindical a fines de abril de este año, lo que implica que los trabajadores pueden seguir organizándose a través de grupos negociadores. El problema es que el TC no explicó cómo deberían operar estos grupos, puesto que este organismo solo puede suprimir conceptos de una ley, pero no agregar nuevos ni obligar al Gobierno a legislar en una determinada dirección.

La titularidad sindical no es un concepto más en la reforma laboral. Se trata del corazón del proyecto del Gobierno, ya que uno de los principales objetivos del Ejecutivo en esta ley era que los trabajadores solo pudieran negociar colectivamente a través de sindicatos.

Hasta ahora, el Gobierno se ha abstenido de regular el funcionamiento de los grupos negociadores; es decir, optó por dejar un vacío legal que dificultará el funcionamiento de los grupos negociadores.

En julio el Ministerio del Trabajo dejó en claro el camino que tomaría. Al publicar un instructivo, titulado “Modernización de las relaciones laborales y sus instituciones”, señaló que “la antigua ley permitía negociar” a organizaciones sindicales y grupos negociadores. Y que, bajo la nueva ley, podrían hacerlo “organizaciones sindicales con procedimiento claro y preciso”, omitiendo nuevamente los grupos negociadores. Esta definición refleja, explica una alta fuente de gobierno, el complejo escenario que por estos días enfrenta la DT con las empresas pidiendo aclaraciones sobre un tema que el Gobierno no quiere abordar.

Tal es la preocupación que genera este aspecto, que el 25 de octubre el abogado Héctor Humeres ingresó una consulta a la Dirección del Trabajo, para que esta establezca un procedimiento sobre la forma en que operarán los grupos negociadores: “El Tribunal Constitucional situó a los grupos negociadores en un pie de igualdad con los sindicatos en el tema negociación, pero como en la ley no estaba considerado así, se generó un vacío legal de proporciones. Dicho vacío o lo llena la DT a través de sus facultades interpretativas, o bien tendrán que hacerlo los tribunales, caso a caso, lo que implicaría judicializar en extremo esta materia”, dice.

El director del Trabajo, Christian Melis, confirmó a “El Mercurio” que la DT recibió la primera consulta relativa a los grupos negociadores y precisa que actualmente están en proceso de análisis y estudio para responder dicho requerimiento.

Si la DT se pronuncia, sin embargo, este tema abrirá otro flanco. El profesor de derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, considera que el ente fiscalizador no tiene atribuciones para pronunciarse sobre una materia que no está en la ley: “Si yo estuviera en la DT, no me pronuncio al respecto, porque no está dentro de las normas vigentes. Si hay un vacío jurídico, la DT no puede inventar leyes; me cuesta creer que la DT invente la regulación”, afirma.

3 Servicios mínimos implicarán, en la práctica, otra negociación colectiva

Si bien la DT ya emitió un dictamen sobre servicios mínimos, este fue general y persiste una serie de dudas.

Desde si los servicios mínimos podrán solicitarse en todas las empresas o solo en aquellas que entreguen bienes públicos relevantes, hasta qué ocurre en una empresa si esta tiene varias sucursales. ¿Deberán definirse los servicios mínimos en cada una de ellas o se aplicará una sola resolución de la DT como regla general?

Lo que sí se sabe, afirma el abogado laboralista y ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, es que en la práctica habrá dos negociaciones colectivas: una para definir los servicios mínimos y otra distinta para acordar un nuevo contrato colectivo. Por ende, muy lejos de la simplificación que se prometía, con la reforma laboral la negociación tendrá más fases, advierte.

Además, los trabajadores y las empresas tendrán múltiples instancias para oponerse a la definición de servicios mínimos, lo que permite vislumbrar conflictos de largo aliento en esta materia: primero, podrán plantear objeciones ante el director regional del Trabajo, luego, ante el director nacional, después ante los tribunales laborales, luego las cortes de apelaciones y, dependiendo del tiempo que haya transcurrido, podrán solicitar a la DT iniciar todo el proceso desde cero si consideran que cambiaron las condiciones en que se inició la definición de los servicios mínimos.

Tampoco existe claridad respecto del procedimiento para solicitar que una empresa sea declarada estratégica, que son aquellas donde no puede haber huelga.

2 Preocupación por el escaso alcance del concepto de adecuaciones necesarias

La posibilidad que da la ley a las empresas de hacer adecuaciones necesarias de trabajadores durante una huelga también genera inquietud. Este aspecto comenzó a ser abordado por los empleadores apenas se promulgó la ley, a través de ajustes en los contratos, de modo de incorporar múltiples funciones.

El concepto sobre adecuaciones logró introducirlo Hacienda en la última fase del trámite de la ley para darles más flexibilidad a los empleadores, sin embargo no está claro de qué forma operará.

La reforma señala que no pueden moverse trabajadores de un domicilio a otro, pero un trabajador dentro de un mismo local podría cumplir otra función si su contrato así lo permite. El problema que acá surge es más casuístico y tiene que ver con las cláusulas tácitas que existen en los contratos de trabajo, advierte Michel Laurie, abogado de PwC.

“Podría haber trabajadores que aleguen que aunque su contrato establece polifuncionalidad esta no se ha dado en los últimos años y que no corresponde que en una huelga lo asignen a una tarea distinta a la que él desarrolla habitualmente”, explica Laurie, quien ve necesario que este tema se despeje.

En el mundo sindical existe la certeza de que el “principio de realidad” prima en las relaciones laborales y que eso hará difícil mover a los trabajadores a puestos distintos a los que ocupan habitualmente. Por mucho que los contratos establezcan múltiples funciones, finalmente lo que importa -a ojos de la Dirección del Trabajo- son las tareas que efectivamente el trabajador desempeña con habitualidad, y cualquier movimiento distinto podría entenderse como práctica antisindical, argumentan.

5 Estudios sectoriales de la Dirección del Trabajo están en fase de licitación

Otro de los aspectos que estableció la nueva ley laboral es la necesidad de que la Dirección del Trabajo cuente con un marco que le permita saber qué servicios mínimos son los necesarios en cada sector productivo. Y para ello, permitió al organismo realizar 19 estudios.

¿En qué están dichos estudios a menos de cinco meses que entre en marcha la reforma? El director del Trabajo, Christian Melis, afirma que hoy los estudios están en las fases intermedias de los procesos de licitación, ya que dado los montos involucrados y para darle transparencia al sistema, lo que se ha hecho es una licitación pública. “Actualmente, nos encontramos en medio de la licitación, esperamos adjudicar prontamente estos estudios, de manera que puedan estar disponibles a la fecha de entrada en vigencia de la ley”, asegura.

En las empresas hay preocupación por el ritmo con que se ha avanzando en la elaboración de este marco, más aún porque en el primer semestre de 2017 se iniciarán procesos de negociación relevantes.

Silvana Celedón y Pablo Obregón 


Fuente: El Mercurio